Idea de un Consejo Superior en la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública no convence al Pleno
La propuesta para crear este órgano fue devuelta a la comisión de Sistemas de Justicia. Sí fue aprobada la autonomía de la Defensoría y el artículo general sobre la existencia del Ministerio Público.
El Pleno de la Convención Constitucional rechazó las propuestas de la comisión de Sistemas de Justicia que creaban un nuevo órgano, tanto para el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública: un Consejo Superior.
Se trata de un órgano colegiado, de siete integrantes, que la comisión que coordinan Christián Viera (Frente Amplio) y Vanessa Hoppe (MSC) propuso para que tuviera un rol protagónico en ambas instituciones. Sin embargo, la idea estuvo lejos de llegar a los dos tercios en el Pleno (103 votos), pues, en promedio, los artículos relacionados con este Consejo Superior lograron poco más de 80 respaldos.
“Hay un problema serio para nosotros y nosotras, porque en el diseño del Consejo se dijo que tendría principalmente facultades de gestión administrativa. Y, por lo que advertimos hoy, para mí fue una sorpresa que el Pleno, al parecer, gusta de una figura unipersonal para la gestión administrativa”, señaló Viera, tras el rechazo de la norma que ahora vuelve a la comisión.
La propuesta forma parte del tercer informe de reemplazo de la comisión de Sistemas de Justicia del que se pronunció el Pleno el martes 3 de mayo. Se trata de un documento que contiene 91 artículos y más de 350 indicaciones presentadas por convencionales. Y aborda, además del Ministerio Público y la Defensoría Penal, cambios al Banco Central y el reemplazo del Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional.
A lo anterior se suma la creación de nuevos órganos autónomos, como la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza.
Sí fue aprobada la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública, tal cual ocurre actualmente con el Ministerio Público. Por lo que ahora el organismo es parte del borrador de propuesta constitucional.
Además, fue visado el artículo general sobre la existencia del Ministerio Público, que también está en la Constitución actual, y fue aprobado el Comité del Ministerio Público, integrado por fiscales regionales y que será presidido por el fiscal nacional.
Si bien este comité de fiscales regionales existe, solo tiene un rol consultivo. En cambio, ahora que pasó al borrador de la nueva Constitución su papel fue “oficializado” y tendrá como tarea “fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos, debiendo siempre velar por la transparencia y objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos”.
¿Y el fiscal nacional?
El primer informe de esta comisión fue rechazado en general. En esa propuesta inicial se había eliminado la figura del fiscal nacional y, a cambio, crear un Consejo Superior, de siete personas, para que estuviera a cargo de dirigir el Ministerio Público.
La idea tuvo un rechazo transversal de especialistas en Reforma Procesal Penal y también de la Asociación de Fiscales. Recogiendo esas críticas, la Comisión repuso al fiscal nacional y también mantuvo al Consejo Superior.
Así fue como llegó la propuesta al Pleno, que rechazó todos los artículos que hacen mención al Consejo Superior, por lo que volverán a la comisión de origen. Incluso, devolvió a la comisión el artículo “De la o el fiscal nacional”, que describía su rol: “Dirigirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo del Ministerio Público, representará a la institución ante los demás órganos del Estado, coordinará la ejecución de la política de persecución penal, y tendrá las demás atribuciones que señale la ley”.
El resto de las normas rechazadas se referían a que “la dirección superior del Ministerio Público reside en la o el fiscal nacional y en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario”, al que le corresponderá designar a “la o el fiscal nacional, de entre sus integrantes. Además, designará a una o un director ejecutivo nacional, por concurso público”.
Tampoco llegó al borrador la norma sobre la conformación del Consejo Superior: tres integrantes elegidos por las y los fiscales entre sus pares; uno por funcionarias y funcionarios del Ministerio Público entre sus pares; y tres elegidos por el Congreso de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública.