Un borrador que se aparta de la tradición republicana
La desaparición del Poder Judicial y su sustitución por los Sistemas de Justicia quizá sea la apuesta más excéntrica del borrador.
Las ideas tienen consecuencias. Por eso, más allá del detalle concreto de uno u otro artículo, lo inquietante del actual borrador constitucional es su alejamiento de la tradición iluminista del siglo XVIII que, precisamente, inauguró la era del constitucionalismo en el mundo moderno. Creo que esto se ve perfectamente en el reconocimiento de los identitarismos de todo tipo que harán más desiguales a los chilenos. Quizá el mejor ejemplo del distanciamiento de estas ideas sea la desaparición conceptual del Poder Judicial, definida por la famosa triada del barón de Montesquieu, y su sustitución por los llamados Sistemas de Justicia.
La sustitución del Poder Judicial es un cambio estructural profundo, puesto que ya no estará en pie de igualdad con el Ejecutivo y el Legislativo. Y los teóricos del Iluminismo, alguno de ellos tan cercanos a nuestra cultura como Francisco de Miranda, el preceptor de Bernardo O’Higgins, sostenían que había dos cuestiones fundamentales para la independencia absoluta de los poderes del Estado, imprescindible para no caer en la dictadura de cualquiera de ellos: que la fuente de su legitimidad fuera la misma y que entre ellos ejercieran una vigilancia recíproca.
Otra cuestión que me parece crítica es el paso de un modelo de país unitario y con una cultura asimilacionista como era el Chile republicano, fuertemente influido por la tradición francesa, a uno plurinacional sin hacer escalas en la interculturalidad. Todos los modelos de países que se citan para esta aventura son fruto de la colonización anglosajona -Canadá, Nueva Zelanda…-, naciones donde el mestizaje prácticamente no se produjo y lo que se buscó fue la aniquilación de los indígenas.
Chile, en cambio, es profundamente mestizo. Y esto se debe a que la tradición española, a diferencia de la anglosajona, fue la del mestizaje y la del temprano reconocimiento de los derechos de unos indígenas que tenían “alma”, como quedó de manifiesto en la Controversia de Valladolid, un célebre debate que empezó el 15 de agosto de 1550 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid y que enfrentó a Bartolomé de las Casas, pionero de los derechos humanos y Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía la superioridad de los españoles sobre los indígenas, concebidos como inferiores.
Efectivamente, a Morgan Stanley y a otros mercaderes, estas cuestiones no les parece que puedan alterar el gran cuadro macroeconómico de Chile. Pero desplazar a un país del camino del constitucionalismo tradicional y trasladarlo a uno nuevo, inexplorado y plagado de ocurrencias, es una tarea compleja y llena de riesgos. Más cuando lo que se quiere reparar no es una simple querella política, sino un estado de anomia colectivo que se apoderó del país en 2019 y cuyos efectos ya está sufriendo el actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
El borrador constitucional es un extraordinario concurso de ideas. Pero se requiere algo más que una comisión de armonización para transformar este texto en una Constitución viable.
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