Las claves de la reforma a las policías que propone el Gobierno
Los cambios que propone el Ejecutivo buscan devolver la legitimidad a Carabineros y la PDI, tras los cuestionamientos surgidos por su desempeño en el estallido social. La ministra Siches anunció, además, que se flexibilizarán los criterios de admisión a las instituciones.
El Patio de las Camelias fue el lugar escogido por el Gobierno para iniciar, este jueves 11 de agosto, el proceso de diálogos para la reforma de las policías. El acto estuvo encabezado por la ministra del Interior, Izkia Siches, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.
Las autoridades, acompañadas del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentaron a los miembros del Consejo para la Reforma (CPR) y la Unidad Consultiva para la Reforma (UCR) a las policías y anunciaron los principales lineamientos del plan.
La ministra Siches expresó que “entendemos a las policías como actores fundamentales para la cohesión social y para fortalecer la democracia, en momentos en que la seguridad es más necesaria que nunca, nos parece fundamental avanzar en este proceso“.
En ese sentido, la titular de Interior aseguró que “esta es una política de Estado, tomamos parte de lo avanzado en el gobierno anterior, queremos seguir fortaleciendo la legitimidad de policías”.
Las claves de la reforma a las policías
Según una minuta interna elaborada por el Ministerio del Interior, a la que PAUTA accedió en exclusiva, el objetivo de la reforma será “dotar de legitimidad la labor que realizan las policías” y reforzar la “validación social de su desempeño a lo largo del país”.
Se busca “que las policías cuenten con la capacidad de ser eficaz y eficiente en sus objetivos de mantener el orden público, la seguridad y el resguardo de las personas, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y subordinadas al poder civil“.
Algunos de los principios que el Gobierno estableció para el proceso son la “subordinación a la autoridad civil”, el “enfoque de género” y el “enfoque de derechos humanos”.
Otros aspectos clave del trabajo conjunto que liderarán las subsecretarías de Interior y Prevención del Delito, son la “coordinación con el sistema de seguridad y justicia”, la “estructura organizacional”, la “formación y educación” y la “carrera y profesionalización”.
Las propuestas que surgirán tienen como base los insumos y avances esbozados durante el gobierno pasado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública (2018), la Comisión para la Reforma de Carabineros (2020), el Consejo Asesor para la Reforma a Carabineros (2020) y la Unidad Coordinadora para la Reforma de las Policías (2020).
Entre los anuncios realizados se encuentra la flexibilización de los criterios para ingresar a Carabineros, de modo de evitar la “discriminación arbitraria” y ampliar el número de postulantes. En esa línea, la jefa de la cartera de Interior informó que se permitirá la admisión de personas con pie plano, caries y tatuajes.
Los integrantes de las comisiones
El CPR tendrá entre sus funciones asesorar al Ministerio del Interior en el análisis, evaluación y revisión del proceso de reforma y modernización de las policías. El consejo será presidido por la ministra Siches, y estará integrado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la PDI, Sergio Muñoz; y los subsecretarios de Interior y Prevención del Delito.
Además, serán invitados permanentes el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional, Jorge Abbott; la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras.
La UCR, en tanto, deberá contribuir al diseño e implementación de la reforma policial desde la experiencia y conocimiento de cada representante, dotando de legitimidad el proceso. Será presidida por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y estará integrada por los presidentes de las comisiones de seguridad del Senado y la Cámara de Diputados, la Asociación de Gobernadores Regionales, la Asociación de Municipalidades, además de expertos, académicos y representantes de la sociedad civil.