¿Le sobran 176.000 pesos?
El gobierno y los políticos deberían estar estimulando la participación por todos los medios, recordando que hay multas de por medio, pero no lo hacen, especialmente los del Apruebo.
Si había algún asunto en el que el Gobierno de Gabriel Boric podía haber empeñado sus recursos, sin que la Contraloría le pusiera objeción alguna, era en la promoción de la participación ciudadana en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Ha tenido prioridad la firma de borradores, la sincronización temática del texto con las actividades en terreno y la acción proselitista de los cargos públicos antes que estimular el voto de los chilenos y, sobre todo, advertirles de que no votar puede llegar a costarles una multa de 176.000 pesos.
A la pobre acción gubernamental en esta materia se ha unido la descriteriada intervención de diversos líderes de opinión (responsables de servicio y expertos demoscópicos) que han insistido en comparar el plebiscito de salida con los últimos procesos electorales que ha vivido el país. Esta comparación en sí misma es tramposa puesto que, al menos desde 1990, el país no ha tenido una elección con participación obligatoria de un padrón generado automáticamente a partir de los datos del Registro Civil. Estamos, por lo tanto, ante un hecho inédito en nuestra historia moderna.
Quedan menos de dos semanas para la votación y el debate público sigue centrado en comparar la participación con actos electorales donde no votar no tenía consecuencias. Tampoco se ve una intensa campaña en los medios de comunicación públicos para advertir a los ciudadanos de que hay sanciones. Y si la multa no le causa preocupación, piense que al menos va a perder una mañana dando explicaciones en el Juzgado de Policía Local.
¿A quien le conviene que se mantenga este estado de desinformación y confusión?
Precisamente los chilenos que están convocados por la obligatoriedad de este plebiscito son aquellos que se han restado de participar en procesos anteriores. Son casi la mitad del padrón electoral. Son, por ejemplo, ciudadanos que nunca se inscribieron y que cuando los inscribieron automáticamente pensaron que nunca se verían obligados a votar. Son personas que sienten poco interés por la política o que están desencantados de ella y que, mayormente, desconfían de las instituciones. Son, por lo tanto, personas que sienten un rechazo natural a la chimuchina que representó en ciertos aspectos la Convención Constitucional.
Esto es lo que explica el silencio del Gobierno y de los partidos políticos que defienden el Apruebo respecto de que el voto sea obligatorio. Algunos están arrepentidos de haberlo promovido. La paradoja es que la derecha que está por el Rechazo, y que siempre ha creído que el voto obligatorio le perjudicaba en las instituciones, ahora ve que esta ‘mayoría silenciosa’ puede ser su tabla de salvación.
Es muy importante que esa mitad silenciosa del padrón electoral se pronuncie. Un plebiscito de ratificación constitucional con una participación electoral que no mejore el 55% logrado por el candidato Boric en 2021, es tan mal indicador como la elección de convencionales de mayo de 2021, donde intervino el 41,5% del padrón. Entonces, 8.715.495 de ciudadanos que podían votar se abstuvieron de hacerlo, facilitando el camino a una Convención disparatada.
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