“Nadie se puede restar”: Autoridades políticas piden nuevo Pacto Nacional de Seguridad

El plan que proponen que el Ejecutivo implemente incluye la lucha contra el crimen organizado, el fortalecimiento del Estado de derecho, el refuerzo del liderazgo político del Gobierno, la intervención de grupos vulnerables y la recuperación de espacios públicos.

En la víspera del tercer aniversario del 18-O, este lunes 17 de octubre, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, llamó a generar un nuevo Pacto Nacional de Seguridad. Lo hizo acompañado de su par de La Araucanía, Luciano Rivas, y el de Antofagasta, Ricardo Díaz, los senadores José Miguel Insulza y Manuel José Ossandón, los diputados Raúl Leiva y Jorge Alessandri, y la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao.

Se trata de un plan con cinco ejes, entre los que se encuentra la lucha contra el crimen organizado, el fortalecimiento del Estado de derecho, el refuerzo del liderazgo político del Gobierno, la intervención de grupos vulnerables y la recuperación de espacios públicos. 

El gobernador metropolitano aseguró que “todos los actores que estamos aquí representados queremos ofrecerle al Gobierno nuestro apoyo para producir un gran Pacto Nacional por la Seguridad”.

En ese sentido, Orrego apuntó que “el Estado necesita más herramientas. Necesita un Ministerio de Seguridad Pública, necesita un sistema de Inteligencia, necesita policías fortalecidas, un nuevo tipo de Estado de Excepción, se requieren nuevas normas que regulen los procesos penales”.

“También se requiere que los gobernadores regionales, que somos 16 en todo el país, tengamos un rol importante también en la lucha y prevención de la delincuencia. Es muy extraño que las autoridades democráticamente elegidas en todas las regiones del país estemos literalmente fuera de la discusión de seguridad, siendo esta la primera prioridad ciudadana”, planteó el gobernador.

La autoridad hizo un llamado a la unidad para enfrentar los problemas de seguridad y reiteró la invitación al Gobierno a impulsar el acuerdo. “Nadie se puede restar y a nadie le sobran manos”, dijo. 

Los ejes del Pacto Nacional de Seguridad que impulsa el gobernador Claudio Orrego 

• Crimen organizado: 
  • Implementar una política decidida de desarticulación de bandas criminales con foco en su patrimonio, incorporando a la Unidad de Análisis Financiero, las unidades especializadas de Fiscalía y Policías.

  • Reforzar a los departamentos policiales especializados en delitos terroristas y formas de criminalidad organizada, incorporando nuevas herramientas tecnológicas.

  • Trabajo intersectorial en barrios prioritarios y nuevos asentamientos informales, para reforzar la presencia del Estado y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

  • Abordar la persecución penal del homicidio sin imputado conocido, integrando las técnicas de investigación los patrones delictuales para abordar el fenómeno criminal que está detrás.

• Fortalecimiento del Estado de Derecho:

  • Revisar los procesos de gestión de los organismos que componen el Sistema de Justicia Criminal, con foco en sus nudos críticos, optimizando los recursos para ajustar mejor la oferta a la creciente demanda ciudadana por más seguridad.

  • Revisar críticamente las capacidades actuales del Estado para implementar políticas focalizadas efectivas tanto en el ámbito de prevención, control y sanción del delito.

  • Definir claramente los “agentes de seguridad” más cercanos a las comunidades para abordar la crisis actual con foco en la descentralización de funciones para que los Gobiernos Regionales y los Municipios fortalezcan sus capacidades preventivas.

  • Fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado con foco en la inversión de recursos tecnológicos, para que puedan anticiparse a los fenómenos delictivos emergentes.

  • Robustecer a las policías para fortalecer el Estado de Derecho en territorios prioritarios.

  • Reforzar el control ciudadano informal para abordar la reducción de las incivilidades en el espacio público.

  • Actualizar las atribuciones y barreras legales del Servicio de Aduanas, Impuestos Internos y Directemar.

  • Mejorar la calidad de los servicios policiales, realizando un levantamiento de las condiciones laborales de Carabineros para mejorarlas.

• Fortalecimiento del liderazgo político del Gobierno:
  • Abordar la seguridad como un problema de Estado, involucrando a todos sus agentes en el proceso. Además, introducir la facultad legal de prevención del delito por parte de los Gobiernos Regionales.

  • Fortalecer las capacidades para el trabajo interterritorial entre los municipios, evitando la parcelización y fragmentación de la seguridad.

  • Actualización y fortalecimiento del rol de los juzgados de policía para sancionar incivilidades con alto impacto en el deterioro de los espacios públicos.

  • Impulsar la Ley de Seguridad Privada a través de la creación de una Superintendencia que regule este mercado, para aumentar su valor agregado y generar las condiciones para que la seguridad privada sea complemento de la seguridad pública.

• Intervención a grupos vulnerables:
  • Política pública de salud en el consumo de drogas, con enfoque epidemiológico, abordando su consumo crónico en distintos grupos etarios.

  • Reforzar iniciativas de prevención del delito con enfoque ecológico dirigidas a la población de riesgo, fortaleciendo su inclusión y reinserción social.

  • Agenda nacional contra los delitos sexuales, con foco en la prevención, control, investigación y sanción de estos delitos, que incorpore la atención a víctimas.

  • Programa de protección integral para prevenir la violencia infanto-juvenil, implementando estrategias con foco en la educación, la cultura y el acceso a oportunidades.

  • Política de salud mental que aborde de manera sistemática el suicidio, enfocándose en la prevención y la atención de las familias afectadas.

• Recuperación de espacios públicos: 

  • Campaña de sensibilización y concientización del uso del espacio público: “El espacio público es de todos y todas”.

  • Catastrar los espacios públicos en abandono y deterioro, para implementar una política nacional que fomente su recuperación.

  • Diseñar e implementar una política nacional para las personas en situación de calle centrada en la salud mental, el consumo abusivo de alcohol y drogas.

  • Política interregional contra el comercio ilícito focalizada en las organizaciones criminales que fomentan y nutren esta actividad con foco en los flujos de mercancía ilícita y la piratería.

  • Mejorar la fiscalización de empresas de delivery para que esta actividad no produzca externalidades negativas en el uso del espacio público, que incorpore también la prevención del delito.