Las claves de la Política Nacional contra el Crimen Organizado que presentó el Gobierno

La iniciativa del Ejecutivo, que costará 39 mil millones de pesos, tiene como objetivo desarticular las organizaciones criminales, debilitar su poder económico, implementar medidas para enfrentar delitos como el narcotráfico y el tráfico de armas.

Este martes 20 de diciembre, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregaron al Presidente Gabriel Boric la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que regirá entre 2022 y 2027. La iniciativa reúne el trabajo consultivo realizado a partir de mayo en el Consejo Asesor de Prevención y Control, liderado por el Ministerio del Interior.

Según el Ejecutivo, se trata de la primera política en la materia y representa un plan estratégico para disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile. Esto, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución.

Las claves de la Política Nacional contra el Crimen Organizado que presentó el Gobierno

Los objetivos:

• Desarticular las bandas y organizaciones criminales y debilitar su poder económico y financiero.

• Implementar medidas específicas para combatir los delitos y mercados criminales, entre los que están el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y municiones y el cibercrimen. Además de sus delitos conexos, como los homicidios y el lavado de activos.

• Realizar acciones para abordar el crímen organizado específico en cada territorio.

• Consolidar un “ecosistema de seguridad pública” que asegure la unidad de acción del Estado.

Los cuatro órganos que implementarán la política contra el crimen organizado:

• El Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, establecido el 6 de mayo por el Ministerio del Interior.

• Los consejos regionales contra el Crimen Organizado, que deben asegurar la implementación de las acciones a nivel territorial y priorizar delitos.

• Las unidades de Coordinación Estratégica, que tendrán que generar análisis y alertas para detectar organizaciones criminales y colaborar a la toma de decisiones.

• Mesas interinstitucionales para abordar los delitos del crimen organizado, como la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Los 10 ejes de la la Política Nacional contra el Crimen Organizado:

La Política Nacional contra el Crimen Organizado contempla 10 ejes de trabajo, cada uno con líneas de acción específicas.

1. Fortalecer institucionalidad e inteligencia del Estado. Mejorar la coordinación, el intercambio y análisis de información, además de la capacidad de articular acciones conjuntas.

2. Desbaratar la economía del crimen organizado, mejorando la respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por las bandas criminales y la lucha contra el lavado de activos.

3. Disminuir el poder de fuego de las organizaciones, mediante el fortalecimiento de los sistemas de detección y persecución de su tráfico ilegal y la actualización de la legislación sobre tenencia de armas.

4. Abordar el crimen organizado en los recintos penitenciarios, prevenir su operación, el reclutamiento de nuevos integrantes y el contagio criminógeno entre personas privadas de libertad.

5. Agenda legislativa que mejore la detección, investigación y persecución del crimen organizado, actualizando el marco normativo.

6. Actualizar el equipamiento y la tecnología, para que las instituciones competentes en la detección, persecución y desbaratamiento de las organizaciones criminales puedan contrarrestar la capacidad adaptativa de estas.

7. Formación institucional y de capital humano de quienes enfrentan el crimen organizado para abordar sus dinámicas particulares y nuevas tendencias.

8. Prevenir la corrupción en instituciones públicas, para evitar que sean permeadas por acciones de las organizaciones criminales.

9. Aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma policial, e incorporar en ella objetivos específicos en este sentido.

10. Fomentar la cooperación y coordinación internacional, optimizando los esfuerzos conjuntos y multinivel con otros países.

Presupuesto para la Política Nacional contra el Crimen Organizado:

• Para 2023, la Ley de Presupuesto contempla 39 mil 302 millones de pesos con el fin de fortalecer a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería.