Las claves de la Política Nacional contra el Crimen Organizado que presentó el Gobierno
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La iniciativa del Ejecutivo, que costará 39 mil millones de pesos, tiene como objetivo desarticular las organizaciones criminales, debilitar su poder económico, implementar medidas para enfrentar delitos como el narcotráfico y el tráfico de armas.
Este martes 20 de diciembre, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregaron al Presidente Gabriel Boric la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que regirá entre 2022 y 2027. La iniciativa reúne el trabajo consultivo realizado a partir de mayo en el Consejo Asesor de Prevención y Control, liderado por el Ministerio del Interior.
Según el Ejecutivo, se trata de la primera política en la materia y representa un plan estratégico para disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile. Esto, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución.
Las claves de la Política Nacional contra el Crimen Organizado que presentó el Gobierno
Los objetivos:
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Desarticular las bandas y organizaciones criminales y debilitar su poder económico y financiero.
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Implementar medidas específicas para combatir los delitos y mercados criminales, entre los que están el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y municiones y el cibercrimen. Además de sus delitos conexos, como los homicidios y el lavado de activos.
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Realizar acciones para abordar el crímen organizado específico en cada territorio.
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Consolidar un “ecosistema de seguridad pública” que asegure la unidad de acción del Estado.
Los cuatro órganos que implementarán la política contra el crimen organizado:
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El Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, establecido el 6 de mayo por el Ministerio del Interior.
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Los consejos regionales contra el Crimen Organizado, que deben asegurar la implementación de las acciones a nivel territorial y priorizar delitos.
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Las unidades de Coordinación Estratégica, que tendrán que generar análisis y alertas para detectar organizaciones criminales y colaborar a la toma de decisiones.
- Mesas interinstitucionales para abordar los delitos del crimen organizado, como la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Los 10 ejes de la la Política Nacional contra el Crimen Organizado:
La Política Nacional contra el Crimen Organizado contempla 10 ejes de trabajo, cada uno con líneas de acción específicas.
- Fortalecer institucionalidad e inteligencia del Estado. Mejorar la coordinación, el intercambio y análisis de información, además de la capacidad de articular acciones conjuntas.
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Desbaratar la economía del crimen organizado, mejorando la respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por las bandas criminales y la lucha contra el lavado de activos.
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Disminuir el poder de fuego de las organizaciones, mediante el fortalecimiento de los sistemas de detección y persecución de su tráfico ilegal y la actualización de la legislación sobre tenencia de armas.
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Abordar el crimen organizado en los recintos penitenciarios, prevenir su operación, el reclutamiento de nuevos integrantes y el contagio criminógeno entre personas privadas de libertad.
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Agenda legislativa que mejore la detección, investigación y persecución del crimen organizado, actualizando el marco normativo.
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Actualizar el equipamiento y la tecnología, para que las instituciones competentes en la detección, persecución y desbaratamiento de las organizaciones criminales puedan contrarrestar la capacidad adaptativa de estas.
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Formación institucional y de capital humano de quienes enfrentan el crimen organizado para abordar sus dinámicas particulares y nuevas tendencias.
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Prevenir la corrupción en instituciones públicas, para evitar que sean permeadas por acciones de las organizaciones criminales.
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Aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma policial, e incorporar en ella objetivos específicos en este sentido.
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Fomentar la cooperación y coordinación internacional, optimizando los esfuerzos conjuntos y multinivel con otros países.
Presupuesto para la Política Nacional contra el Crimen Organizado:
- Para 2023, la Ley de Presupuesto contempla 39 mil 302 millones de pesos con el fin de fortalecer a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería.