Reajuste al sector público ya es ley: Aumento de 12% aplicará gradualmente para todos los funcionarios estatales
La medida otorga un aumento de 12% a los sueldos de hasta $2.200.000 y, para las rentas superiores, un monto fijo de $264 mil brutos mensuales.
Este miércoles 28 de diciembre, en el Diario Oficial, se publicó la ley de reajuste de las remuneraciones del sector público. Esta norma fue aprobada en el Congreso el pasado 21 de diciembre y, en lo esencial, otorga un aumento de 12% a los sueldos de hasta $2.200.000 y, para las rentas superiores, un monto fijo de $264 mil brutos mensuales.
Luego del protocolo de acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los miembros de la comisión de Hacienda del Senado, el Ejecutivo propondrá, además, un ajuste a las remuneraciones de los funcionarios que recibieron el reajuste de $264 mil. Esta medida se aplicará a partir de agosto de 2023, con un incremento de 4% promedio respecto de las remuneraciones de este grupo de funcionarios en 2022.
El ajuste se complementará en diciembre de 2023 y permitirá totalizar un incremento máximo de 12% respecto de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022, sirviendo de base para el reajuste general que se determine para 2024.
Además, la ley contempla una norma asociada al teletrabajo de los funcionarios públicos y planes de incentivo al retiro de funcionarios públicos de 70 o más años al 1 de enero de 2023.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “tenemos una ley que involucra recursos cuantiosos. Además, materializa lo que el Estado ha comprometido con los trabajadores del sector público en su carácter de empleador y, al mismo tiempo, lo hace de manera consistente con su responsabilidad con el manejo de las finanzas públicas”.
Junto con valorar el reajuste y los demás aspectos que regula la ley, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, destacó que la norma se basa en un acuerdo previo, integral y amplio, suscrito por el Gobierno con 14 de los 16 gremios de la Mesa del Sector Público.
En esa línea, afirmó que ese pacto es de “carácter integral, que permitirá seguir desarrollando mesas de trabajo, por ejemplo, en materias como salud mental, cuidados infantiles, la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el sector público o la implementación del Convenio 190 sobre la erradicación de toda forma de violencia en el mundo del trabajo”.