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Contraloría pide informe a Ministerio de Justicia por indultos

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Agencia Uno
POR Manuel Izquierdo |

El oficio tiene como objetivo determinar si existieron irregularidades desde el punto de vista administrativo en los decretos con los que se concedió el beneficio.

Este martes 10 de enero, la Contraloría General de la República anunció que solicitó al Ministerio de Justicia un informe detallado respecto a los 13 indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric el 30 de diciembre a condenados por el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

Según publica Bio Bío, el oficio tiene como objetivo determinar si existieron irregularidades desde el punto de vista administrativo en los decretos. Concretamente, se busca dilucidar si correspondía que el Mandatario firmara los indultos o que lo hiciera la exministra de Justicia, Marcela Ríos, y si correspondía que ellos fueran indultados.

La indagatoria surge luego de que Chile Vamos ingresara este lunes 9 de enero una denuncia ante el órgano contralor, para revisar la legalidad de los decretos. 

Contraloría pide informe a Ministerio de Justicia por indultos

El viernes 30 de diciembre, el Presidente Boric otorgó el beneficio del indulto presidencial a 13 personas. 12 condenados por delitos vinculados al estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna.

  • Juan Bastián Olguín Rivera, de 31 años.
  • Bastián Ignacio Campos Gaete, de 22 años.
  • Jordano Jesús Santander Riquelme, de 38 años.
  • Luis Arturo Castillo Opazo, de 37 años.
  • Felipe Eduardo Santana Torres, de 22 años.
  • Cristián Marcelo Cayupan Queupil, de 30 años.
  • Francisco Andrés Hernández Riquelme, de 23 años.
  • Sebastián Emmanuel Montenegro Coo, de 25 años.
  • Claudio Anatanael Romero Domínguez, de 21 años.
  • Brandon Sebastián Rojas Cornejo, de 22 años.
  • Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez, de 22 años.
  • Matías Elías Rojas Marambio, de 21 años.
  • Jorge Mauricio Mateluna Rojas, de 48 años.

Una de las polémicas tuvo que ver con que se emitieron dos decretos con fechas distintas en los que se concedía el beneficio. Eso generó cuestionamientos en relación a la legalidad del acto administrativo.