¿Hay capacidad para cobrar las más de 2 millones de multas por no votar en el plebiscito?

Los Juzgados de Policía Local deberán aplicar las sanciones a los más de 2 millones de chilenos que se ausentaron de la votación del plebiscito del 4 de septiembre sin justificación. En Radio Pauta analizamos qué caminos tiene la institucionalidad para hacer cumplir la ley.

Los Juzgados de Policía Local, están a cargo de las más de dos millones de denuncias a nivel nacional de personas que no votaron en las últimas elecciones. El Servicio Electoral, Servel, ya está enviando la información para que se apliquen las sanciones. ¿Tienen los juzgados la capacidad y recursos necesarios?

Recordemos que el plebiscito del pasado 4 de septiembre fue de carácter obligatorio, más de 15 millones de personas fueron habilitadas para votar, por lo que quienes no participaron deberán esperar a que los notifique el juzgado de policía local. Podrían ser sancionados con una multa que puede alcanzar hasta las 3 UTM o $180.000 aproximadamente.

Carola Quezada, presidenta del Instituto Nacional de Juzgado de Policía Local, dijo a radio Pauta que “tenemos un escenario totalmente nuevo porque nunca en la historia habíamos tenido tantas denuncias como ahora. A eso se suma que trabajamos con recursos limitados y nos llama la atención que nos encomienden una tarea tan relevante con esta precariedad”.

A modo de ejemplo, el juzgado de Panguipulli trabaja con tres a cuatro funcionarios y recibe al año unas 4 mil causas, y en este caso, por una vez, ingresaron seis mil.  

Quezada agregó que “igual hay que tramitarlas con los medios que hoy contamos, pero existe mucha preocupación por los otros dos procesos eleccionarios que se vienen este año”. Deben seguir con las causas, con recursos acotados, tramitaciones en papel (no electrónicas) y eso se suma que “en las denuncias que nos hace el Servel hay un nivel de desprolijidad importante, porque dentro del padrón electoral hay personas que no tienen domicilio, otras por el rut tienen más de 100 años, otras que sí fueron a votar”. 

En este plano, el presidente del Servel, Andrés Tagle dijo en El Mercurio que están trabajando en un proyecto que establecerá que ese organismo, específicamente los tribunales electorales regionales, apliquen las sanciones a los electores liberando a los juzgados. Estaría vigente este año pero no alcanzaría a regir para los comicios de mayo y diciembre.

Patricio Santamaría, expresidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, comentó a radio Pauta que “es una buena solución para resolver el problema que podría generarse con las multas, pero se requiere establecer con claridad que el Servel es un órgano autónomo constitucional, y eso no está garantizado en las 12 bases que estableció el poder legislativo para la elaboración del texto de la Nueva Constitución”.

Agregó que en todo caso es necesario “realizar ajustes en la estructura como crear una unidad para aplicar las multas y establecer los procedimientos”.

Este anteproyecto que el Servicio está trabajando con la Secretaría General de la Presidencia, Segpres, se presentaría este mes y contemplaría también un voto anticipado, tema que se ha debatido en varias oportunidades en nuestro país pero sin resultados positivos.  

Con sufragio obligatorio, la presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Marta González, dijo a radio Pauta que “han revisado y sostenido audiencias con grupos de la ciudadanía que no pueden participar el día de las elecciones (mineros, trabajadores de la salud, PDI, etc), y eso podría dar una solución. El voto adelantado podría resultar en nuestro país”.   

En esta línea, el expresidente del Consejo Directivo del Servel, sostuvo que ellos propusieron en el gobierno de la época la posibilidad de establecerlo, “para facilitar el ejercicio del derecho a sufragio, y ahora con obligatoriedad resulta indispensable”.

Explicó que ya se han resuelto algunas dudas como el resguardo de las urnas durante el tiempo anterior a la elección y “creo que en la votación en dos días, donde no hubo problemas, termina con ese riesgo, de tal manera que creo que el proyecto viene a subsanar una deuda que teníamos”.

Lo del voto anticipado debe analizarse en el Congreso pero lo de las multas ya se está tramitando y los tribunales “harán esfuerzos” sostuvo Quezada, pero el proceso es engorroso. Reconoció que “habrá un desfase muy grande porque puede pasar un año para que a una persona le llegue recién la citación“.