“La nueva normativa podría favorecer la impunidad de las policías”: los reparos del INDH a la legítima defensa privilegiada

A través de una carta, la directora Consuelo Contreras afirmó que “los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros”.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó, por 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, la ley Naín-Retamal. Sin embargo, desde el oficialismo hubo cuestionamientos al artículo que establece la legítima defensa privilegiada de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

Quien también se sumó al debate fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). A través de una declaración, su directora, Consuelo Contreras, expresó los reparos de la organización a los proyectos de ley que se discuten actualmente en el Congreso.

“El INDH ha insistido en la urgencia de determinar por ley las Reglas del Uso de la Fuerza por las cuales deben actuar Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), así como las Fuerzas Armadas cuando éstas se encuentren desplegadas en situaciones que impliquen el contacto con población civil”, dijo Contreras.

Luego, apuntó que “una futura ley sobre las Reglas de Uso de la Fuerza debe encontrarse en armonía con los principios sobre el uso de la fuerza establecidos en los estándares internacionales en materia de derechos humanos […]. Este entendimiento armónico en nuestro ordenamiento jurídico debe permear toda la actuación operativa de las policías, incluida la doctrina institucional”.

Según la entidad, “como quedó dramáticamente claro con la actuación policial en la crisis social de 2019, hay un problema a nivel operativo de nuestras policías, el que se debe en parte a la falta de consenso o de regulación legal de las funciones y de los límites del trabajo de las mismas”.

“Esto ha quedado nuevamente expuesto en recientes hechos donde carabineros —y sus familiares— han atribuido una serie de muertes propias a la carencia de una normativa que los proteja. Pero también la misma explicación se puede encontrar en tragedias que culminaron con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el gravísimo ataque que cegó a Fabiola Campillai“, añadió.

La directora del INDH afirmó que “los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros”.

“Al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia”, juzgó. 

Contreras insistió, en esa línea, en que “la nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso”.

“Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley”, planteó.

La timonel del INDH remarcó que “los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto dado que no sólo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos”.

“Se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación”, acusó.

Consuelo Contreras cerró la misiva sosteniendo que la institución “no puede sino plantear su profunda preocupación por el avance, en los términos actuales, de los proyectos de ley que buscan entregarle una ‘legítima defensa privilegiada’ a las Fuerzas de Orden y Seguridad. La delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos”.

Las críticas del ministro Cordero: El proyecto es “defectuoso”

En entrevista con Radio Infinita, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que “el proyecto que acaba de pasar de la Cámara de Diputados al Senado adolece de un gran defecto, y es que dispone de la ‘legítima defensa privilegiada’ en el Código Penal y eso tiene varios problemas”.

“Uno de ellos es que omite que Carabineros tiene reglas específicas de uso de la fuerza, incluido la legítima defensa, en un lugar distinto que es el Código de Justicia Militar”, explicó.

Cordero recalcó que “el Ejecutivo advirtió que este tipo de situaciones tiene que estar amparadas en las reglas de uso de la fuerza. Cuando uno mira el derecho comparado, hipótesis que se aproximan a este debate, están asociadas a reglas del uso de la fuerza. Por lo tanto, el Ejecutivo considera que las normas aprobadas son defectuosas y, por el contrario, generan condiciones de riesgo no solo para la policía, sino que también para ciudadanos”.