Actualidad

Los límites de la libertad de expresión: expertos debaten los pros y contras de legislar sobre el negacionismo

Imagen principal
Agencia Uno
POR Santiago Parro |

Tras la polémica desatada por los dichos de Luis Silva sobre la figura de Augusto Pinochet, diputados oficialistas presentaron un proyecto para sancionar el negacionismo. En radio Pauta, diversos expertos debatieron sobre la conveniencia de una legislación como esta.

Luego de los dichos de Luis Silva, consejero electo del Partido Republicano, en los que aseguró que Augusto Pinochet “fue un estadista (…) fue un hombre que supo conducir el Estado, que supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”, se generó una gran controversia. Diputados estableció la posibilidad de presentar un proyecto para sancionar el negacionismo.

Una de las primeras en criticar los dichos de Silva fue la ministra Camila Vallejo, quien aseguró que “nos preocupa que a 50 años del golpe cívico militar aún exista negacionismo y que se pretenda aún validar o justificar una dictadura que violó derechos humanos”. Horas después, fue el mismo Presidente de la República quien entró al debate y refutó los dichos de Silva a través de su cuenta en twitter.

Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance x evadir la justicia. Estadista jamás”, publicó el Mandatario.

Al respecto de esta polémica, diputados oficialistas presentaron este miércoles un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la dictadura, incluso con penas de prisión

Los límites de la libertad de expresión: expertos debaten los pros y contras de legislar sobre el negacionismo

El proyecto apunta a tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Así, se propone un castigo de pena de prisión en su grado medio a máximo (41 hasta 60 días) y una multa de 20 a 40 UTM ($1.200.000-$2.500.000). En caso de que el infractor sea un funcionario público en ejercicio, se solicita agravar la pena.

Una de las diputadas autoras del proyecto fue Carmen Hertz (PC) quien argumentó que “todas las naciones que han vivido la opresión, como Alemania, España, Grecia, Israel, República Checa, Uruguay, entre otros, sancionan el negacionismo”. Y agregó, que “negar los crímenes, banalizarlos, justificarlos, no es una opinión personal, sino que es un posicionamiento activo en contra de los derechos fundamentales de las personas”, agregó.

Ante esta discusión, en Radio Pauta, consultamos a diferentes expertos sobre un debate que colisiona el derecho a la libertad de expresión y la existencia de los discursos de odio.

Para el profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alberto Precht, crear una legislación que sancione el negacionismo no es conveniente para el país. “En general, estas legislaciones no son positivas para un régimen democrático“, dijo.

“Creo que es importante cuidar siempre el derecho a la libertad de expresión, respondiendo de las responsabilidades posteriores que se puedan cometer a un abuso de esto. De hecho, así lo han señalado nuestros tribunales superiores de justicia. Recordemos el caso reciente del diputado Kaiser cuando hizo una alusión ofensiva a las personas detenidas desaparecidas y fusiladas en Pisagua”, sostuvo Precht.

En esa línea, el académico de la UAI agregó que “evidentemente hoy día el sistema tiene herramientas, quizás sería más interesante en poder señalar más claramente cuando estamos en presencia de un discurso de odio y no un discurso odioso, como lo hace la justicia y el derecho español”.

Pedro Anguita, profesor de Derecho a la Información de la Universidad de los Andes, afirmó que “el derecho es un orden normativo que no debería abrazar, ni defender ninguna visión histórica o científica, cultural o social. Lo que el derecho debería limitarse a establecer las bases en las cuales el debate público se dé de la forma más amplia y profunda posible”.

“En cualquier tipo de país democrático, la tradición es que, salvo en casos muy excepcionales, exista algún tipo de sanción frente a alguna expresión o afirmación que se considere falsa o equivocada. Eso pasa, en el caso de Chile, únicamente en los delitos de injuria y calumnia”, complementó.

En resumen, para Anguita “se supone que el derecho es un orden que no busca discutir si la opinión de un concejal, diputado o Presidente de la República es correcta o incorrecta”.

Por otro lado, la directora Ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, comenta que “en un mundo ideal, no debieran existir leyes contra el negacionismo, porque la sanción social debería ser suficiente. Pero no estamos en un mundo ideal”. La abogada hizo hincapié en que el tema es sumamente complejo, aunque admitió que “la libertad de expresión debe tener límites“.

El tema está en encontrar un equilibrio que es muy delicado, ya que una regulación como esta no puede implicar censura ni acallar a las disidencias”, argumentó Jaraquemada y agregó que “si hubiera consenso sobre una iniciativa como esta, es fundamental que sea muy específica, puesto que incluye penas altas”.

Yanira Zuñiga, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile, sostuvo que “dada la discusión que se produjo recientemente y en particular sobre los dichos del consejero Silva, es una cuestión importante a tomar en cuenta. A veces hay una muy alta expectativa de que la existencia de estas figuras vaya a producir una especie de limitación espontánea de estos discursos y no es necesariamente cierta”.

La existencia de estas normas no impide que proliferen este tipo de discursos y en ese sentido creo que vale la pena abrirse a la discusión, no necesariamente de manera alternativa, pero al menos complementaria, de otro tipo de medidas que se pueda garantizar que se cree una especie de conciencia o memoria. Esto es muy importante en los procesos de trancisión y también la constitución de un derecho a la verdad”, concluyó.