La columna de John Müller: “Gobierno en práctica”

El 13 de junio pasado, el presidente Gabriel Boric dijo tajante que “en este momento” de su gobierno, “no hay espacio para curvas de aprendizaje”. Han pasado poco más de un mes y medio y dos ministros de su gobierno le han llevado la contraria para intentar justificar ante la opinión pública lo que está sucediendo en el ‘caso Convenios’: lo que habría fallado es que las autoridades del gobierno carecen de una capacitación básica sobre las reglas del procedimiento administrativo, es decir, 16 meses después de asumir, el gobierno todavía estaría en prácticas.

El primero en apuntar este argumento fue el ministro de Justicia, Luis Cordero. Este tuvo que admitir que “hay casos que derechamente tienen que ser calificados de corrupción. Democracia Viva es un caso”. Pero los demás, como el caso de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, podrían ser meros “problemas administrativos”, defendió. “Personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración, debieran tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas administrativos”.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a recurrir a argumento en el programa Tolerancia Cero: en Chile no habría un problema de corrupción en el seno del Gobierno, sino una falta de capacitación de algunos altos cargos que desconocen los destalles y quisquillosidades del derecho administrativo. Sería el caso de Gutiérrez que por lo visto no sabía que, si has dirigido una fundación en el pasado y llegas al gobierno, no puedes asignarle y transferirle dinero a la misma hasta que pasen dos años.

Vallejo, que ya es una política veterana, insistía en refugiarse tras el término “actos administrativos” para quitarle hierro al asunto hasta que alguien le recordó que eran “actos ilegales”. Y se la tuvo que envainar. Pero lo peor vino cuando el profesor de Filosofía Daniel Mansuy le recordó que en el pasado su partido político había sido muy estricto fiscalizando este tipo de irregularidades. ¿Se necesita una ley para saber que cuando le apruebas una transferencia a una entidad de la que fuiste dirigente estás siendo juez y parte al mismo tiempo? ¿No es inquietante que el beneficiario de una transferencia del Estado lleve tu mismo apellido?

Vallejo evitó entrar en el fondo ético de un asunto que en el pasado tenía tan claro y donde no cabían excusas del tipo “error administrativo”. Dijo que no era partidaria de hacer “arqueología tuitera”, cuando podía haber manifestado arrepentimiento y haber dado una lección a todos.

Curiosamente, esa misma mañana, en una entrevista en el Diario Financiero, un tuit la había dejado en evidencia. Transcribo, por su valor, esa parte del diálogo entre la periodista Paula Comandari y la ministra:

“-Usted habla de la necesidad de combatir la desinformación. Pero algunos consideran que usted también ha estado involucrada en fake news. Por ejemplo, cuando twitteó: “Jovino Novoa ha muerto en impunidad, no hubo justicia por su colaboración a la dictadura, ni por SQM y Penta, ni por Spiniak”.

-Esa es una opinión política. El debate político es legítimo y necesario. Tú no puedes censurar un debate político. En eso hay que saber diferenciar las cosas. Algunos creen que la Comisión para abordar la desinformación va a buscar censurar porque creen que se les va a limitar su opinión política, y eso no es así.

– ¿Pero dónde está la impunidad? Novoa fue declarado inocente en el Caso Spiniak.

– Insisto que es una opinión política.”

Muchos de los que antes consideraban a Vallejo hábil, eficaz y preparada, ahora la ven como una cínica. Anoche, una interferencia en la fuerza me avisó de que ha pasado la medianoche para Cenicienta y la carroza se ha convertido en calabaza.