Presidente Boric recibe informe con 46 medidas de la comisión de probidad
El órgano se encargó de proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de los organismos colaboradores del Estado, con el objetivo de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.
El Presidente Gabriel Boric recibió este lunes el informe de la Comisión para la Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado, creado el pasado 7 de julio a raíz del caso Convenios.
Con una ceremonia en el palacio de La Moneda, la abogada María Jaraquemada Hederra, Ramiro Mendoza Zúñiga, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval Llona, Francisco Agüero Vargas, y Valeria Lübbert Álvarez, quien apoyó la tarea del equipo como secretaria ejecutiva, se encargaron de elaborar el escrito, el cual debía proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de los organismos colaboradores del Estado, con el objetivo de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.
Fueron 38 sesiones, con la presencia de 42 representantes de la sociedad civil, academia, organismos del Estado, y entidades internacionales, y la recepción de 58 “propuestas ciudadanas”, en donde la comisión preparó un total 46 medidas.
“Esperamos que estas propuestas cumplan con el objetivo que tuvo en mente cuando nos convocó”, manifestó María Jaraquemada al Mandatario.
¿Cuáles fueron las recomendaciones de la comisión de probidad?
Entre las recomendaciones de la comisión se planteó una ley permanente que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro.
También, propusieron ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) de la Contraloría General de la República, como portal único de rendición de las transferencias del Estado.
Por otro lado, crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile de acuerdo con los estándares de buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE.
Existen otras sugerencias como crear un portal electrónico de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro, integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y establecer la obligación de alcaldes de informar al Concejo Comunal de transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto, aplicando lo mismo para gobernaciones.
En ese contexto, se propuso reducir el monto de 7000 UTM para que el gobernador regional requiera la aprobación del Consejo Regional para proyectos de inversión e iniciativas, el cual deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos.
Se planteó incorporar una incompatibilidad general en materia de contratación y transferencias para incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común.