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Elizalde asegura que la “legítima defensa privilegiada” en proyecto de usurpaciones pone en duda el Estado de Derecho

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Agencia Uno
POR Equipo Radio Pauta |

El secretario de Estado aseguró que el Gobierno no lo va a promulgar, y que “va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios”.

Ayer la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles. De esta forma, la iniciativa vuelve al Senado para su discusión en tercer trámite constitucional.

En el debate en sala de la Cámara Baja se debatió sobre la disposición de “legítima defensa privilegiada” que incorporó la oposición y permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” sus terrenos ocupados.

En la votación en particular de ese artículo relacionado con la legítima defensa privilegiada, con 73 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones, se aprobó el numeral en cuestión, contrario a lo que buscaba el Gobierno.

Elizalde cuestiona “legítima defensa privilegiada” de proyecto de usurpaciones

Sobre esta derrota para el Gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, manifestó que “la posición del Gobierno “es una postura de principios que tiene relación con los pilares sobre los cuales se ha construido el Estado de Derecho en Chile, y en alguna medida lo aprobado hoy lo pone en duda”.

“En Chile la violencia entre particulares está prohibida, en Chile no hay espacio para la ‘autotutela’ y la justicia por mano propia, en Chile un conflicto jurídico lo resuelven los tribunales”, acotó.

En ese contexto, el titular de la Segpres recalcó que “el monopolio de la fuerza está radicado en las instituciones públicas, particularmente en las policías. Y por eso nos parece que lo aprobado hoy, es sin duda una transgresión con los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico”.

El secretario de Estado aseguró que el Gobierno no lo va a promulgar, y que “va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”.