Recrudecimiento de ataques incendiarios en la macrozona sur ¿Qué hay detrás del alza en estos ataques?

En la Crónica de Gabriela Valenzuela, analizamos los antecedentes detrás de la seguidilla de atentados en la macrozona sur.

El gobierno reconoció esta semana que ha habido un recrudecimiento de ataques incendiarios en la macrozona sur. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que en lo que va de agosto se registran 14 episodios de violencia, contra cuatro que hubo en julio.

Y ha sido la agrupación Resistencia Mapuche Autónoma (RMA) la que ha estado detrás de una gran cantidad de estos atentados. “Damos todo el apoyo a nuestros peñis en huelga de Angol y Temuco, estamos en contra del juicio que se le está llevando a nuestros peñis de C.C.P. Biobío por el montaje que se está haciendo por el Caso Manqueche”. Esto dice uno de los panfletos que han dejado tras la destrucción de escuelas, casas o iglesias.

El lienzo hace referencia a un grupo de comuneros que están acusados de secuestrar a un grupo de gendarmes en la cárcel de Angol, el pasado 7 de mayo. El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, lamentó que no se haya podido concretar la formalización, que se ha suspendido en tres oportunidades, y dijo a Radio Pauta que “todo el proceso depende de la voluntad de los imputados”. Su defensa exige que estén los 17 presentes en la sala, la cual no tendría las condiciones, y además asegura que algunos de ellos no están en condiciones de salud por la huelga que sostuvieron y depusieron el 23 de agosto.

Seguidilla de ataques en la macrozona sur

Ese último hecho ha abierto una gran polémica, luego que el vocero de los comuneros, Rodrigo Curipán, asegurara que el ayuno tenía como propósito “buscar un acercamiento con gendarmería”, y para restablecer el módulo (mapuche) “que es un derecho y no un privilegio”.

El secuestro de los gendarmes dejó al descubierto una polémica situación que se vive en el módulo F de ese penal. Gendarmería acusó que sí habría privilegios, como “el acceso a visitas sin revisión y en distintos horarios, ingreso de alimentos, uso de cuchillos y palines, entre otros”, asegura un funcionario a este medio. El diputado Andrés Jouannet confirma que “es cierto” lo de los privilegios.

Sin embargo, la diputada (PS) Emilia Nuyado explicó a Radio Pauta que “para aquellas personas privadas de libertad de pueblos indígenas, se les tiene que dar tratos, no de privilegios, pero sí de consideraciones, como se hace con las embarazadas”. Agregó que “en derecho internacional (Convenio 169), le pide al Estado chileno que sigan vinculados con la comunidad y tienen autorizaciones un poco más flexibles… se permite que puedan seguir con sus costumbres, participación en ceremonias, compañía de machis, acceso a alimentos, uso de sus medicinas tradicionales, y esto no es un privilegio, es un derecho”.

Otro gendarme del penal de Angol asegura a este medio que “sí, hay privilegios distintos respecto a la población penal común, donde a las visitas no se les puede registrar, horario extensivo, dentista todos los días, lo mismo la visita conyugal, pero esto se perdió con los secuestros”. Sin embargo, aclara que “esto se restituyó a través de una autorización del jefe de reinserción social de Santiago. Hay un tema político muy grande”.

El exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, explicó además a radio Pauta que “hay una presión brutal si tú no accedes a lo que te están pidiendo y van a seguir violentando las infraestructuras, casas, a la ciudadanía… lo han hecho siempre y hoy se está visibilizando, y si vamos a empezar así, vamos a terminar como México o Brasil. Si no lo atajas hoy, cuándo”.

Agregó que “conviven todos juntos, los condenados y los que están en prisión preventiva, pese a que la ley establece una separación, porque no existe la estructura suficiente”.

Respecto al aumento de los hechos de violencia en la zona y el vínculo con la RMA, la diputada Nuyado dijo que “cualquier agrupación puede usar un lienzo y decir que se hace en nombre de ellos estos atentados. Acá le corresponde revisar a la fiscalía y tribunales”. Sin embargo, el fiscal Garrido sostuvo que “es evidente el incremento y uno puede vincular las fechas y la reacción de estos grupos ante las medidas que adopta la autoridad”.

Ahora se está a la espera de una nueva fecha de formalización de los comuneros.

Revisa la crónica completa de Gabriela Valenzuela aquí: