Columna de Gonzalo Cordero: “Bandas de propietarios”

“No existe posibilidad de configurar un orden social pacífico, si los derechos no son efectivamente cautelados por el Estado”, dice Gonzalo Cordero.

Uno de los graves problemas de seguridad que se sufren en la macrozona sur es el de las usurpaciones de terrenos. Toda ocupación hecha contra la voluntad de los dueños es violenta, esa es una obviedad que suele ignorarse. Basta imaginar la situación en que soldados de un país ingresan al territorio de otro, sin autorización, y luego dijeran que fue un acto “pacífico”, porque el Estado invadido no se defendió, entonces no hubo uso de la fuerza.

El Estado existe, básica y primariamente, para generar un sistema normativo que regule de manera obligatoria las relaciones de las personas en un territorio. Así los seres humanos renuncian a la pretensión de generar cada uno sus propias reglas y, consecuencia directa, a la autotutela.

Pero es obvio que la exclusión de la autotutela tiene una condición y una excepción. Partamos por la excepción: la legítima defensa. Cuando una persona es agredida, es violentada en alguno de sus derechos, tiene la legítima facultad de defenderse con medios y de forma proporcional a la agresión.

La condición es el cumplimiento por parte del Estado de asegurar el imperio de la ley, precisamente porque existen Tribunales, fuerza pública y autoridad administrativa, responsable de velar por la aplicación de las normas, es que las personas no debemos, ni necesitamos defendernos.

La declaración de la Ministra del Interior, colocando en un plano de equivalencia a los usurpadores con los propietarios que, al amparo de la ley, defenderían sus derechos, es sencillamente incomprensible. No existe posibilidad de configurar un orden social pacífico, si los derechos no son efectivamente cautelados por el Estado. Si el agresor y la víctima son vistos como equivalentes, precisamente por quienes tienen el deber de perseguir a los primeros y amparar a los segundos.

Según el diccionario de la real academia, una banda “es un grupo organizado de gente armada, especialmente con fines delictivos”. Bajo qué criterios se puede considerar a la víctima que se defiende como un “bandido” es algo que solo puede tener una explicación política.

Declaraciones de este tipo sugieren que persiste en la izquierda una mirada hostil hacia la propiedad privada, que la consideran injusta, consideración de la que se desprende una mirada que reconoce una cierta legitimidad al usurpador. Después de todo, tal parece que los medios de producción y los bienes en general, debieran tener un fin común y no debieran ser objeto de apropiación. A fin de cuentas, de todo propietario es, para esta mirada, un “bandido”.