Ministerio de Seguridad: doble clic a las normas del proyecto que causan preocupación
En la crónica de Gabriela Valenzuela, analizamos los temas que han levantado polémica sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad.
En la comisión de Seguridad de la Cámara Baja se encuentra el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, iniciativa que se discute desde el 2021, y que ya fue aprobada en la sala del Senado.
Sin embargo, tanto la Fiscalía Nacional como la Corte Suprema han manifestado reparos a esta normativa gubernamental que busca, entre otras cosas, separar al ministerio del Interior de sus funciones respectivas a la seguridad pública.
A través de un oficio, el persecutor Ángel Valencia, manifestó su preocupación específicamente con el artículo 2º del proyecto, el cual establece que la cartera “coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública”, el cual estará integrado por las fuerzas de orden y seguridad, además del Ministerio Público. Tal como lo hizo el máximo tribunal, advierte que varias funciones que se plantean en la iniciativa son algunas de las que corresponden al trabajo del Ministerio Público.
El diputado Andrés Longton, presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, sostuvo que “concuerdo con las críticas del Fiscal Nacional, es un organismo autónomo que no tendría por qué depender de un poder político, cumplen funciones distintas y no puede quedar sujeto a un ministerio de seguridad que es una autoridad política”. Agregó que esta crítica será planteada en indicaciones, cuyo plazo vence el 2 de octubre, y el 4 el proyecto será votado en particular.
Doble clic a las normas que causan preocupación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad
Fue en enero de este año, cuando la Corte Suprema manifestó sus reparos con el proyecto de ley. Entregó un “informe desfavorable” donde sostiene que la iniciativa integra al Poder Judicial a un “sistema de seguridad”, el que estará bajo la orden de un órgano gubernamental. Sostuvo que “de prosperar, debe asumirse esta nueva responsabilidad del Poder Judicial con cautela, y con conciencia de los riesgos reputacionales que encierra para este la posibilidad de que la agenda de turno del Ejecutivo en materia de seguridad pública y orden público, fracase”.
Sin embargo, el exministro del Interior, Jorge Burgos, quien está de acuerdo con la creación de este nuevo ministerio, dijo a Radio Pauta que “no hay que alarmarse con la opinión, no vinculante, del máximo tribunal, porque históricamente sus opiniones son conservadoras y defensoras del status quo”.
El artículo 13 del proyecto, en su inciso primero, sostiene que “en cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Delegado o Delegada Presidencial Regional. El Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública tendrá el rol de secretario ejecutivo del Consejo”, instancia que también será integrada, entre otros, por los gobernadores regionales y los alcaldes y alcaldesas. En el Senado, este fue uno de los puntos que generó más polémica, por una posible superposición de funciones que tendrían el delegado presidencial con la nueva figura de comisionado de Seguridad Pública.
Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, sostuvo que la creación del Ministerio de Seguridad “es fundamental para abordar las necesidades que tiene el sistema de seguridad y justicia, en particular la coordinación de todas las instituciones que componen el sistema y también para poder hacer un diagnóstico claro, de cuáles son las necesidades que los territorios tienen”.
Johnson agregó a Radio Pauta que “no basta el transferir a un nuevo ministerio las subsecretarías que hoy existen, sino que debemos repensar cuáles son las capacidades que esa cartera necesita, y armar una estructura acorde a esa estrategia y después dotar de funcionarios a esa estructura que tengan el perfil adecuado para cumplir los nuevos roles que se están implementando”.
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