Columna de Víctor Maldonado: “La excepción no dicta la regla”
“No es cosa de tirar una legislación por la borda cuando se la tiene atada al tobillo con una cadena”, dice Víctor Maldonado sobre el veto al proyecto de ley de usurpaciones.
Podemos tener una ley de usurpaciones que sea efectiva y que sancione mejor que la legislación actual este tipo de acciones. Ha causado malestar en la derecha y otros sectores el hecho que el gobierno haya diferenciado un tipo de toma “no violenta”, cuando no se agreden personas ni se destruyen cosas.
Se argumenta en contra que una ocupación es por definición violenta y que las penas aplicables deben ser de cárcel y no de multa. También es posible argüir a favor, como lo hace el gobierno, que la usurpación es un término muy genérico, bajo cuyo paraguas se dan conductas que no pueden ser tratadas igual.
Para quienes una ocupación pacífica es un caso irreal, estamos hablando de un conjunto vacío, aplicable a ningún caso en particular o solo a casos en extremo atípicos, como podría apreciar cualquier juez y, por lo mismo, no es lo decisivo. Este tipo de discusión maximiza una diferencia acotada y no permite apreciar el tratamiento global de una conducta que queda mejor sancionada.
Nada mejor que la práctica para despejar dudas. La legislación da cuenta de muchos casos reales y frecuentes, no sólo de los episodios excepcionales.
La agenda de seguridad es un acuerdo alcanzado entre gobierno y oposición, a propuesta del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Muestra la efectividad que puede llegar a tener la colaboración legislativa entre adversarios.
Importa que el esfuerzo principal no sea detenido por una diferencia importante, pero específica, entre 31 iniciativas legales que están siendo tratadas.
La simple verdad es que la agenda no tiene reemplazo, puesto que es fruto de un análisis previo que establece dónde están los principales focos a tratar. No se puede oponer uno a su propio diagnóstico estratégico.
Ni tocamos el cielo, ni descendimos al infierno
Lo que hay que discutir no es si la diferencia de opinión es real, porque lo es y sus efectos interesan. El punto está en saber si la discrepancia es lo suficientemente importante como para poner en riesgo una ley y una agenda.
No es cosa de tirar una legislación por la borda cuando se la tiene atada al tobillo con una cadena. Se está siendo víctima de los exaltados. La ley de usurpaciones originalmente aprobada en el Parlamento permitía que se hiciera justicia por propia mano, lo que iba a provocar una espiral de enfrentamientos entre particulares y ya nadie entendiera de qué justicia se podía estar hablando.
La necesidad de vetar este aspecto específico llevó a que se replanteara el uso de la gradualidad de la violencia en las usurpaciones hasta llegar al extraño concepto de usurpación “pacífica”. Se cosecha el fruto de dos excesos.
Esta es otra exageración, porque la agenda misma de seguridad está motivada por la amplificación de las actuaciones de la delincuencia y del narcotráfico. Como todos sabemos, este incremento ha ido aparejado de un uso cada vez más frecuente de la violencia, la que, a su vez, ha ido escalando.
En este contexto, las ocupaciones “pacíficas”, más que una excepción, van a ser una rareza. Por eso no se puede pasar de la euforia a la depresión. La derecha saludó la legislación previa al veto como un paso trascendental, ahora ocurre que el veto la convierte en una nulidad. Tal vez sea el momento de que los ponderados tomen la palabra.