¿El fin de la política de Estado? Los coletazos de la decisión del Gobierno de apoyar la denuncia a Israel ante la CIJ
En la crónica de Gabriela Valenzuela, revisamos las reacciones que ha generado la decisión del Gobierno, la cual no fue consultada con actores como, por ejemplo, el Consejo de Política Exterior.
Un amplio debate se ha generado en los últimos días, tras conocerse que el Gobierno está llevando adelante tres procedimientos legales, uno ante la Corte Penal Internacional (CPI) y dos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el conflicto Hamás vs. Israel. Sin embargo, la posición de Chile no ha sido consensuada con el Consejo de Política Exterior, y tampoco se sabe el contenido de los escritos presentados.
La semana pasada, la embajadora ante las Naciones Unidas, Paula Narváez, anunció en la Asamblea General de la organización que Chile hará una presentación en la CPI, para que se investigue la situación de Palestina en Gaza. Así, respalda la decisión de Sudáfrica -y de otros países como Bolivia y Turquía- de apoyar denuncias en el organismo internacional por “genocidio”. Ahí alegará Ximena Fuentes, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, el próximo 19 de febrero.
¿El fin de la política de Estado? Los coletazos de la decisión del Gobierno de apoyar la denuncia a Israel ante la CIJ
Desde la embajada ante Naciones Unidas, sostienen a este medio que “respecto el rol de la abogada, se trata de una resolución aprobada por la Asamblea en enero de 2023, pidiendo una opinión consultiva a la Corte. Allí, debería hacer una presentación sobre el tema”.
En tanto, desde Cancillería explican que “por las reglas del Tribunal, aún no se pueden publicar los textos de las intervenciones escritas. Podemos adelantar que se basan en los planteamientos históricos de Chile sobre el conflicto realizados por el país en Naciones Unidas, independiente del Gobierno de turno”. Sin embargo, no se sabe qué efectos tendrá esta decisión, porque ya hay una investigación en curso.
Consejo de política exterior no fue notificado
Lo que llama la atención, es que el Consejo de Política Exterior no fue notificado de la postura de Chile en este caso. Uno de sus integrantes, Juan Pablo Toro, Director Ejecutivo de AthenaLab, cree que es “una decisión desacertada, que rompe con la línea tradicional de la política exterior chilena, que ha consistido en invitar a las partes a buscar una solución pacífica al conflicto y no importarlo a nuestro país, donde ambas comunidades han realizado una contribución muy importante a Chile”.
Agregó a Radio Pauta que “debe ser difícil para los profesionales de la Cancillería, porque esto parece ser reflejo de agendas personales de La Moneda, en busca de propósitos que no conocemos bien”.
Por su parte, Milenko Skoknic, exembajador de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas, cree que “poner a Chile en ambas cortes, con un sesgo anti Israel, se aleja de lo que debe ser una auténtica política de estado en una materia de tanta complejidad y emocionalidad. Hemos perdido el balance y distancia que por años procuramos tener para no incorporar el conflicto del Medio Oriente en nuestra sociedad”.
¿Qué dice el Congreso?
Sin embargo, desde el Congreso, el presidente de la comisión de Exteriores, senador Francisco Chahuán (RN), sostuvo a este medio que “ha habido coordinación entre la comisión de Relaciones Exteriores y la Cancillería, hemos estado en permanente contacto con el Presidente y el Ministerio, y nos parece acertado que frente a una grave vulneración al Derecho Internacional Humanitario, el Gobierno de Chile inicie acciones, eso muestra liderazgo”.
En tanto, el senador (PS) José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, dijo a Radio Pauta que “es normal que mucha gente se pregunte si se está violando la Convención Internacional contra el Genocidio de 1948. Es perfectamente legítimo, además, que el Gobierno de Chile sea uno de los que plantea la pregunta, sobre si este es un acto de genocidio o no, porque en el país hay más de 500 mil chilenos de origen palestino, y tienen derecho a que su país los represente. Es una causa legítima y estoy totalmente de acuerdo”.
Chile rompe su neutralidad
Los expertos coinciden en que, acá, Chile rompió su neutralidad en este conflicto que compromete al Estado en el conflicto más importante a nivel geopolítico. El diplomático Hernán Felipe Errázuriz decía en El Mercurio que “parecería que el requerimiento ante la CPI es una decisión personal del Presidente, con asesoría inorgánica, urdida hace más de un año, sin transparencia, en la oscuridad”.
En tanto, una abogada, especialista en derecho internacional, cree que en estos casos quedan más dudas que respuestas: cuál será el efecto del apoyo chileno en la CPI, cuál es el riesgo y costos de que Chile intervenga (alegando) ante la CIJ y en tercer lugar, no saber cuál será la posición del Estado cuando alegue Ximena Fuentes.