Valencia insiste en críticas al arresto domiciliario: “No puede transformarse en la versión privatizada del Anexo Cárcel Capuchinos”

En Radio Pauta, el fiscal Nacional, conversó sobre las medidas cautelares e hizo un llamado para modificar la ley y reformar los criterios en que se abonan los días de detención domiciliaria.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió que la exalcaldesa de Maipú continuará con su arresto domiciliario, a pesar de que la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió revocar esta cautelar y que se decrete su prisión preventiva.

En conversación con Pauta de Análisis, Ángel Valencia, fiscal nacional, ahondó en la medida cautelar que se le otorgó a Cathy Barriga y propuso modificar la ley y que el Congreso estudie los criterios para abonar los días de detención domiciliaria.

El fiscal Nacional dijo que “sobre el caso Barriga, que ya está resuelto por tribunales, me parece que el arresto domiciliario en Chile no puede transformarse en la versión privatizada del Anexo Cárcel Capuchinos“.

Además, explicó que en cuanto a la legalidad, “más allá de este caso en particular, lo prudente es modificar la ley.  La propuesta es que nos parece que debe estudiarse y modificarse los criterios para abonar los días en arresto domiciliario, en las condenas futuras, la forma como se están aplicando hoy que es casi automática”.

Asimimo, Valencia, reparó en la diferencia de trato que recibió el caso democracia viva, en donde el exseremi Contreras se encuentra en prisión preventiva:

“Aquí había un problema de proporcionalidad, casos similares se había entendido que había una necesidad de cautela mayor, en este caso en particular, que nos parecía más grave, se entendía que había una necesidad de cautela menor, pero eso fue resuelto por Tribunales”, dijo.

Fiscal Valencia propone modificar la ley y que el Congreso “debe estudiar y modificar los criterios para abonar los días en arresto domiciliario”

En cuanto a la decisión de darle arresto domiciliario a Barriga, sostuvo que “no es un fracaso, es un traspié. Nosotros solicitamos una medida cautelar, porque consideramos que esa medida se justifica”.

Agregó que “hoy día la defensa de Cathy Barriga, tiene un incentivo para que este procedimiento se extienda o dilate lo máximo posible, lo pueden dilatar luego de que se cierre la investigación”.

Democracia viva

Este domingo, salió a la luz, a través de un reportaje de Canal 13, una conversación de WhatsApp entre la subsecretaria Rojas y el exseremi Contreras que apuntan a que alguien de La Moneda estaba esperando informes referentes al caso democracia viva, antes que se supiera públicamente el caso.

Ángel Valencia explicó que “el fiscal Cristián Aguilar se encuentra a cargo de esa investigación, corresponde al fiscal definir si esto resulta pertinente o no desde el punto de vista penal”.

“Son noticias en desarrollo, todas investigaciones con diligencias pendientes. Esas investigaciones siguen avanzando, además cuando tenemos imputados en esa condición, los fiscales deben avanzar con mayor prioridad”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si se podrían ver diligencias que tengan que ver con el ministro de la Vivienda o Miguel Crispi, Valencia sostuvo que “probablemente, con ambos”.

Pensiones de gracia

Valencia explicó que “a nosotros nos compete investigar el tenor del informe de la Contraloría General de la República que aún no la conocemos, he ordenado que se abra una investigación penal para que se determine que en el proceso de otorgamientos de estas pensiones se han cometido delitos“.

“Esto lo hacemos porque el informe de la Contraloría General de la República arrojó irregularidades, y el día jueves solicitó u informe a la unidad anticorrupción de la fiscalía para tenerlo en sobre mi escritorio el viernes, entonces ameritaba abrir un informe”, enfatizó.

Agregó que “esto no significa que necesariamente una vez esclarecidos los hechos se haya cometido un delito, pudo no haberse cometido, pero hay mérito para abrirlo. Normalmente, una investigación de este tipo, la investigación se dirige en contra de los empleados públicos“.

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