“Jueces integrantes”: el debate por la presencia de magistrados transitorios sin prohibición de participar en política
En la crónica de Gabriela Valenzuela, analizamos los cuestionamientos a la continuidad de la institucionalidad que les permite a estos jueces integrar provisionalmente diferentes cortes, sin la prohibición de tener actividad política.
Una serie de críticas ha generado la designación hecha por el Presidente Gabriel Boric y del ministro de Justicia, Luis Cordero, de los abogados integrantes, por su cercanía con el Mandatario o las posturas que han planteado respecto al llamado “estallido social”, por ejemplo. Pero, cada cierto tiempo se vuelve al debate sobre si se debe o no mantener esta figura.
Los abogados integrantes son designados para integrar una Corte de Apelaciones o la Suprema, cuando por ausencia o inhabilidad de alguno de sus miembros, queda sin el número de jueces necesario para completar la sala. Son 95 los que se designan anualmente para 17 cortes de apelaciones y, cada tres años, se eligen a 12 para el máximo tribunal. Tienen carácter transitorio y sobre ellos no pesa el artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales, que les prohíbe participar en política.
“Jueces integrantes”: el debate por la presencia de magistrados transitorios sin prohibición de participar en política
Son varios los nombres cuestionados, como el de Fernando Monsalve (PC), quien patrocinó varias causas contra el expresidente Sebastián Piñera. O el de Irene Rojas, celebró el estallido de 2019, compartió publicaciones del Frente Amplio que incluían la etiqueta #EvasiónTodoslosdías. También está Carlos Alberto Abarzúa, que fue candidato a la Convención Constituyente por la lista de Apruebo Dignidad. O el caso de Jhonatan Valenzuela, abogado de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, quien declaró la semana pasada en el marco del “caso Convenios”.
Cristián Riego, académico de la Escuela de Derecho de la UDP, explicó que “todos los Gobiernos designan profesionales abogados cercanos, y tradicionalmente era menos dramático, pero en las últimas administraciones ha sido llamativo como ponen a gente cercana”. El profesional aseguró a Radio Pauta que “la institución está en una crisis enorme y debe ser cambiada rápidamente, y la razón es que los ciudadanos debemos ser juzgados por jueces independientes e imparciales. No deben depender del Gobierno de turno”.
En 2019, el entonces senador Felipe Harboe, presentó un proyecto para eliminar la figura del abogado integrante; sin embargo, la iniciativa no avanzó. “La institución busca dar una visión distinta al Poder Judicial proveniente de profesionales de ejercicio libre. Eso parece adecuado, pero evidentemente se necesita un sistema de nombramiento basado en méritos y no en la cercanía con la autoridad de Gobierno”, explicó a El Líbero.
El diputado del Partido Republicano y miembro de la comisión de Constitución de la Cámara, Luis Sánchez, dijo que “pareciera ser que el Presidente de la República está usando el cargo de abogado integrante de la corte para favorecer a sus amigos anarquistas, comunistas y a gente de extrema izquierda”. Sostuvo a Radio Pauta que “el rol del abogado integrante puede ser bueno para añadirle amplitud a la visión que tienen que tener los tribunales al momento de resolver casos, pero si se está usando para algo de estas características, es mejor que deje de existir”.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto, sostuvo que “evidentemente todas las facultades discrecionales que tiene el presidente de la República se pueden revisar, corregir”. Agregó a radio Pauta que “entendiendo de que hoy día la ciudadanía espera la mayor transparencia posible de las designaciones que realiza, los abogados que en cuestión debieran sin duda inhabilitarse, según los mecanismos que establece la ley en determinadas materias”.
Otro de los cuestionamientos apunta a que los abogados integrantes reciben una remuneración por cada audiencia en la que participan, y por ello pueden seguir trabajando en el mundo privado o en la academia. Así, por ejemplo, entre los profesionales hay quienes trabajan en mineras y puertos, lo que lleva a cuestionarse la imparcialidad de sus fallos.
Estos jueces pueden renovarse, explica el abogado Riego, por lo tanto, “deben estar atentos a no dictar fallos que puedan molestar a algún sector político”. Agrega que en caso de eliminarse esa figura, “una opción sería la de usar jueces de otros niveles para que desempeñen esa función”.