Jornada clave en Aysén: qué hay tras la votación por la “ley lafkenche” que enfrenta a comunidades con empresas salmoneras
En la crónica de Gabriela Valenzuela, analizamos las diversas posiciones en torno a la disputa de más de 600 mil hectáreas de mar, que podrían impactar la economía de la Región de Aysén.
Una jornada clave se vivirá este jueves en Aysén. La Comisión Regional de Uso de Borde Costero deberá pronunciarse sobre dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), que están pidiendo la entrega de más de 600 mil hectáreas de mar a administración de dos comunidades indígenas, compuestas por unas 38 personas. Esto, a través de la “Ley Lafkenche”.
La normativa, que ha generado tensiones, según reconoce el Gobierno, tiene más de 14 años de vigencia, y busca preservar usos y costumbres indígenas, luego que la Conadi compruebe los usos y costumbres alegados, siempre que no haya derechos de terceros en el área.
Desde que entró en vigencia se han gestionado más de 100 solicitudes, y la de mayor magnitud fue de 29 mil hectáreas (2022). En esta oportunidad, se trata de “Cisnes” e “Islas Huichas”, pero desde el parlamento, pescadores o el rubro salmonero han advertido que la aprobación podría traer graves consecuencias económicas para la región.
Lo que hay detrás de la lucha por la “ley lafkenche” que enfrenta a comunidades indígenas y empresas salmoneras
El senador por Aysén, David Sandoval, dice que “no se condice que extensiones tan grandes de territorios estén cautivos por un grupo de personas reducido, ya que esto significaría asfixiar el desarrollo productivo de la zona austral”. En diálogo con Radio Pauta, agregó que “creemos que detrás de estas peticiones hay intereses ocultos, que probablemente tienen vinculación con temas de carácter ambiental, que han buscado a través de este mecanismo dar solución a sus propios intereses”.
Por su parte, Loreto Seguel, directora Ejecutiva del Consejo del Salmón, reconoce que “la ley Lafkenche en su origen y espíritu era muy necesaria, y existen solicitudes bien llevadas y que hemos apoyado. El problema se genera cuando hay excesos, donde priman las decisiones particulares. Esta solicitud, además de ser poco transparente, privilegia el interés de unos pocos por sobre el bien común, y esto no es justo”, explica a Radio Pauta.
La demanda se vota alrededor de las 15.00 horas en la comisión que está compuesta por 38 miembros, entre ellos la gobernadora de la región, Andrea Macías (PS); el delegado presidencial provincial, Jorge Díaz Guzmán; y el delegado presidencial regional, Rodrigo Araya Morales (RD); además de alcaldes y otros representantes del Gobierno en la Región.
El presidente de la Multigremial de Aysén, Conrado Redlich, asegura a radio Pauta que su aprobación “traerá una contracción de la economía porque la industria no tiene certeza sobre lo que pasará. El miedo que tenemos es que esto es votado por un consejo muy poco equilibrado”. El también presidente de los camioneros de la región, advirtió a este medio que “si se llega a aprobar, este rechazo se va a radicalizar. En 2012 hubo una movilización que duró 45 días. Pero no queremos llegar a eso”.
En tanto, Hernán Rebolledo, presidente de la CorpAysén, dijo que “tenemos fe en que esto se vote con cordura y responsabilidad, o si no, esto va a generar un precedente. Toda la zona macro sur austral está muy pendiente de lo que vaya a ocurrir este jueves”.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció en Duna que la ley “ha generado tensiones que no nos gustaría que existiesen. Creemos que, por distintas razones, la implementación de esta ley ha generado algunos conflictos”. En tanto, a través de una carta a El Mercurio, Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Andino, asegura que “no ponen en riesgo las más de 1.300 concesiones de salmonicultura aprobadas en el país, como han dicho representantes de esta industria”.
El problema, explica a Radio Pauta Felipe Sandoval, expresidente de SalmónChile, es que “cuando se hace la solicitud de superficie por parte de las comunidades, mientras esté vigente la solicitud, toda nueva actividad en esa área queda sujeta a esa aprobación y las demoras son enormes, cuatro o cinco años. Así, paralizas todas las nuevas actividades mientras esperas esa autorización”.