Con 75% de avance pero con 7 proyectos clave aún en tramitación: ¿En qué está el Fast Track legislativo en seguridad?

A poco más de un año de su anuncio con bombos y platillos, repasamos en qué está el llamado Fast Track legislativo en seguridad. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuáles son los proyectos pendientes?

El 14 de abril del 2023 el Gobierno comprometió junto con el Congreso Nacional un acuerdo denominado “Fast Track Legislativo” que contemplaba la tramitación expedita de 31 proyectos de ley en materia de seguridad.

De esos 31 proyectos, 23 han sido despachados y aún se encuentran en tramitación siete de ellos. Esto significa que se ha logrado despachar el 75% de la Agenda Priorizada de Seguridad durante el 2023.

Esta semana, y a un mes de su instalación en el Congreso, la nueva mesa directiva liderada por el senador José García Ruminot (RN)  y el vicepresidente de la corporación Matías Walker (Demócratas), hicieron un llamado al Gobierno para sacar adelante el resto del Fast Track Legislativo anunciado hace un año, e incorporar nuevos proyectos de ley que aborden la grave crisis que vive el país.

Dentro de los proyectos de la Agenda Priorizada de Seguridad 2023 se encuentra la creación del Ministerio de Seguridad Pública, las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, y el fortalecimiento de la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Además, sigue en tramitación el proyecto que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, la Defensoría de las Víctimas, y el mejoramiento de la persecución penal, con énfasis en reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

El ambiente en el Congreso de cara a la tramitación de los proyectos

Luego del asesinato del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, algunos diputados de oposición exigieron al Gobierno medidas como la creación de “Policías de Elite” y un mayor apoyo de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, la confirmación por parte de la Fiscalía de que el crimen de Ronald Ojeda habría sido orquestado desde Venezuela, encendió los ánimos, incluso entre el oficialismo. El diputado socialista, Daniel Manoucheri, pidió al Gobierno resguardar las fronteras y “cerrar el ingreso regular e irregular de cualquier ciudadano venezolano, por a lo menos, 24 meses“, o sea, dos años.

En medio de este contexto, es que avanza la tramitación del Fast Track, con realidades disímiles en cada una de las cámaras. De manera transversal, diversos miembros del Senado coinciden en que el ambiente de discusión es tranquilo y que está la voluntad entre los parlamentarios para llegar a acuerdos y consensos en la materia.

Sin embargo, la Cámara de Diputados muestra una imagen dividida, donde tanto la derecha como la izquierda se culpan de estar retrasando la tramitación de estos proyectos.

Fuentes de la de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja acusaron la poca capacidad de los partidos de Apruebo Dignidad para avanzar con el debate. También subrayaron una supuesta “incomodidad” de ese sector al hablar de temas de seguridad.

Desde el oficialismo responden que la oposición estaría retardando la discusión para “no darle un apoyo político al Gobierno“.

Enfrentamiento que tiene como telón de fondo a una ciudadanía que sigue teniendo como principal preocupación la seguridad. Desde el Parlamento dicen tener conciencia de la prioridad de sacar adelante los proyectos en esta materia lo antes posible.

Más allá de las diferencias, los distintos sectores coinciden en un punto: si bien las leyes son importantes, la gestión del Gobierno lo es aún más para abordar la crisis de seguridad.

Críticas a la gestión del Gobierno

La sensación entre algunos legisladores es que la labor del Ejecutivo en este respecto no ha sido buena. Parlamentarios de diverso signo afirmaron a Radio Pauta que la estrategia del Gobierno no ha sido eficaz en materia de seguridad, incluso señalaron que, sin una buena gestión en esta materia, “las leyes son solo un papel“.

Sobre esto, el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores, señaló al diario La Segunda que existe un problema entre ministerios, sobre todo los liderados por Mario Marcel y Carolina Tohá.

“Hacienda ha sido extremadamente amarrete para la colocación de dinero en materia de seguridad. Además, en general, la capacidad ejecutiva no sé si estará sobrepasada o es mala nomás derechamente. Hacienda no tiene el foco puesto en materias de seguridad y creo que Interior no ha tenido la fuerza para hacer valer esa prioridad nacional“, señaló el senador al vespertino.

Fast Track legislativo en seguridad: ¿Qué viene ahora?

Esta semana la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados discutió el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad, donde el foco estuvo en las atribuciones que tendría esta nueva secretaría de Estado y cuáles quedan de manera exclusiva para el Ministerio del Interior.

Tras la sesión del pasado miércoles, algunos parlamentarios afirmaron que podría despacharse en dos semanas. De ahí en adelante sigue el listado de tramitación de la agenda de seguridad 2023.

¿Y las prioridades para este 2024? Desde ambas Cámaras buscarán acuerdos en iniciativas como la Ley Antiterrorista, la protección de infraestructura crítica, la regulación de la facultad de resguardo de áreas de las zonas fronterizas, la reforma a Carabineros, el fortalecimiento del Ministerio Público, modificaciones de distintos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, entre otros.