Columna de John Müller: Inseguridad nacional: dejen de hablar a la galería
La violencia criminal es el principal problema del país y el asunto para que el que la izquierda estaba peor preparada. Y los votantes lo sabían.
La inseguridad, la violencia criminal, el narcotráfico y la consiguiente imposición de la ley y el orden eran los asuntos para los que peor preparado estaba el gobierno de Gabriel Boric. Eso lo sabía todo el mundo, pese a lo cual un 55,8% de los chilenos habilitados le votaron, porque el temor de los jóvenes y las mujeres a perder derechos con José A. Kast fue más movilizador que el miedo a perder la vida.
La izquierda, en términos generales, salvo en la desaparecida RDA, en Corea del Norte o en Cuba y Venezuela, tiene grandes dificultades para conciliar el respaldo a la actuación de unas fuerzas de seguridad y la defensa de los derechos humanos. Incluso en democracias muy asentadas, la desconfianza hacia la policía de la izquierda prevalece sobre otros valores como la rendición de cuentas de estos organismos o la independencia judicial.
La mirada cubana de este asunto, que la dictadura de Maduro ha llevado a un grado excelso en Venezuela, no debe perderse de vista: hay una policía formal que reprime ciertos actos, pero los que actúan con más dureza, amparados en una ilegalidad tolerada por el sistema, son grupos de civiles al servicio del régimen -semejantes a los ‘tonton macoutes’ del dictador haitiano Duvalier- que enderezan a aquel que se haya torcido.
Allí no importa tanto si eres delincuente como si estás dispuesto a apoyar al régimen. Al criminal se le trata como se hace en las películas estadounidenses con los ‘hackers’: se les contrata en el FBI. ¿Cómo creen que se formó el Tren de Aragua si no bajo la tolerancia de las autoridades?
Así, el gobierno dictatorial siempre puede argumentar que no son los organismos del estado los que han vulnerado los derechos humanos, sino los ‘particulares’.
Sin embargo, vista la debilidad natural del gobierno en este asunto, resulta llamativo que la derecha chilena no haya sido más proactiva en este asunto desde 2022. Ha sido el Partido Comunista el que ha tenido que pedir “un gran acuerdo nacional” para enfrentar la delincuencia. No ayuda en nada cuestionar permanentemente a la autoridad y exigirle que adopte “decisiones relevantes y difíciles” desde la galería en este asunto.
Tampoco tiene sentido llamar a un acuerdo cuando no se está dispuesto a asumir medidas duras e impopulares, como darle un mayor respaldo legal a los Carabineros y la PDI o revisar las reglas de enfrentamiento con los criminales.
La prueba de fuego de los partidos políticos en el asunto de la seguridad y la lucha contra el crimen está en su grado de compromiso con leyes que permitan mejorar la inteligencia policial. ¿Estarían dispuestos a legislar sobre el papel de los infiltrados en las organizaciones criminales y lidiar con el problema ético del llamado ‘agente provocador’? ¿Estarían dispuestos a adoptar leyes que permitan indultar o amnistiar a los policías o agentes infiltrados que se vean obligados a cometer delitos para no ser descubiertos?
Estas son las cuestiones que me gustaría ver debatir. De momento, la proximidad de las elecciones municipales, el escenario de competencia política que generan, hacen que cualquier llamado a un acuerdo nacional sea un mero gesto a la galería.