Columna de John Müller: “La responsabilidad de los padres”
Desde este año, Estados Unidos ha empezado a imputar a los padres de los menores que son autores de los tiroteos masivos en ese país.
El último tiroteo en una escuela de Georgia, en Estados Unidos, que se cobró la vida de dos estudiantes y dos profesores, ha dejado una consecuencia inesperada: la detención del padre del autor de los disparos, que sólo tiene 14 años, por su responsabilidad en los hechos.
El padre de Colt Gray, que pese a su edad ya estaba siendo seguido por la policía debido a que había vertido amenazas en sus redes sociales, ha sido acusado de dos cargos de asesinato no premeditado, cuatro de homicidio involuntario y ocho de crueldad con menores.
Chris Hosey, director de la policía de Georgia, dijo que las acusaciones contra Colin Gray estaban “directamente relacionados con las acciones de su hijo y con permitirle poseer un arma”. Se negó a ofrecer muchos más detalles y sólo añadió que el padre estaba detenido.
Salvo el caso de una madre y un padre en el estado de Michigan que fueron condenados a principios de 2024 después de que su hijo matara a cuatro personas en una escuela, no existen precedentes en Estados Unidos de una acción en que se haya responsabilizado a los padres por un crimen de este tipo. El caso de Georgia indica que las cosas están cambiando a medida que los autores de los tiroteos son más jóvenes.
Guardando las distancias, lo que está sucediendo recuerda la forma en que el gobierno de José María Aznar (1996-2004) acabó con la llamada ‘kale borroka’, una serie de desórdenes combinados con ataques incendiarios en ciudades y pueblos del País Vasco impulsados por el brazo política de la banda terrorista ETA.
Grupos de jóvenes se citaban con la excusa de manifestarse. Quemaban autobuses, cabinas telefónicas y arrasaban con el mobiliario urbano. El número de acciones de este ‘terrorismo de baja intensidad’, como fue calificado entonces, pasó de 86 incidentes en 1990 a más de 1.200 en 1996 cuando Aznar llegó al poder. Cuando los agitadores eran detenidos se descubría que, como eran menores de edad, no se les podía acusar penalmente y la policía debía entregarlos a sus padres.
Sin embargo, la ausencia de un castigo penal no implicaba que no hubiera resarcimiento por los daños causados. Así que los padres de los detenidos debieron empezar a hacerse cargo de costear las reparaciones de los daños causados por sus cachorros y los buses quemados en la vía pública. La ‘kale borroka’ desapareció como por ensalmo y la vida familiar a la hora de cenar se enriqueció con la presencia de los adolescentes de la familia.
Si en el ‘estallido social’ de 2019 se hubiese aplicado una regla similar en Chile, probablemente los daños causados al patrimonio habrían sido menores y tesis como las del activista Rojas Vade que propugnaba que ‘si no alcanza para todos no debe haber para nadie’ no hubieran tenido tanto eco.