Columna de John Müller: “Moratoria medioambiental”
Mientras no se racionalice la regulación medioambiental y no se forme y desideologice a los funcionarios, una medida radical como la suspensión temporal se perfila como alternativa.
Será difícil que Chile salga del mediocre crecimiento económico en el que está instalado desde hace años -como han denunciado distintos expertos aquí y aquí– con el enjambre de regulaciones que ha ido sumando en las últimas décadas. Lejos de ser una muestra de progreso, la normativa chilena demuestra que cuando se da alas a funcionarios ideologizados y a organizaciones o individuos que lo recurren todo, porque saben que no se juegan nada por entorpecer los proyectos, la norma se transforma en una herramienta de sórdidos intereses.
La regulación puede ser excelente, pero si no hay un estamento de funcionarios probos, correctamente capacitados y desideologizados que la apliquen, se convierte en un estorbo. La experiencia demuestra que Chile sólo puede exhibir un alto estándar de sus funcionarios en ministerios de corte económico, pero otros, como los medioambientales, dejan mucho que desear.
Lo ocurrido con el proyecto de la Central Bombeo Paposo de la empresa Colbún, en la comuna de Taltal, el cual contemplaba una inversión de US$1.400 millones para construir una planta de almacenamiento de energía renovable y que ha sido suspendo ante las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es un ejemplo de lo que afirmamos.
Y lo es, no sólo porque la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, haya destituido al director regional de Antofagasta, Ramón Guajardo, del organismo a través de una eufemística “renuncia no voluntaria”, sino porque la regulación que ampara estas decisiones sigue perfectamente en pie.
Nueva Zelanda, un país que los actuales integrantes del gobierno de Gabriel Boric ponían frecuentemente como modelo medioambiental para Chile, ha decidido anular las prohibiciones medioambientales a las prospecciones de petróleo y gas, y ha decretado una moratoria de cinco años para toda la regulación que obligaba a los agricultores a pagar por las emisiones de sus predios.
Esto es un cambio de prioridades definido por un nuevo gobierno de centroderecha, pero, sobre todo, por una situación económica casi tan mediocre como la chilena. “Para mí, la situación económica es posiblemente la peor del conjunto de circunstancias que puedo recordar en mi vida adulta”, dijo el ministro de Recursos Naturales, Shane Jones.
Mientras no se racionalice la regulación medioambiental en Chile y no se tecnifique y desideologice el estamento funcionarial, nada hay que hacer. La directora del SEA se puede pasar todo lo que queda de mandato de Gabriel Boric destituyendo a sus directores regionales, como ya hizo con Silvana Suanes en Biobío en agosto de 2023, pero no va a conseguir generar una actitud de trato justo hacia el mundo de los negocios sin un cambio legislativo. Poco a poco, el mismo gobierno va creando las bases para que una medida radical, como una moratoria legal, sea la única salida.