Ministro Marcel reconoce problemas en la Institucionalidad tras decisión de Colbún de no construir la planta en el norte

En Radio Pauta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel afirmó que “a veces hay funcionarios que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos”, y “sin emitir ningún juicio” explicó que se le pidió la renuncia al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental”.

Hace un año cinco meses que el proyecto de Reforma Tributaria que presentó el Gobierno fue rechazado en la Cámara de Diputados.

Lo anterior obligó a las autoridades a buscar nuevos caminos para lograr recaudar los montos necesarios para financiar el programa de Gobierno.

Así nació el Pacto Fiscal que contempla una agenda más amplia  que aborda los desafíos en materia de crecimiento, reforma del Estado y también en generación de ingresos fiscales, que contemplaba una ley de cumplimiento tributario o más conocida como antievasión que está a punto de ser aprobada en el Congreso.

Ministro Marcel reconoce problemas en la Institucionalidad tras decisión de Colbún de no construir la planta en el norte

En Primera Pauta, el ministro de Hacienda Mario Marcel abordó  las implicancias que tendrá esta ley para la billetera fiscal y la polémica asociada a la decisión de Colbún de no construir la planta eólica en Taltal.

Marcel explicó que “dentro del pacto fiscal, este proyecto era el más importante en términos de generación de recursos públicos y después de ocho meses de tramitación, lo tenemos listo para transformarse en ley, así que es un paso importante”.

“Por un lado, en términos de financiamiento fiscal, pero por otro lado también en tener un sistema tributario más justo,  porque la mayor justicia que se puede tener en un sistema tributario es que cada uno pague lo que le corresponde y que no haya quienes, por la vía de diversas triquiñuelas, se las arreglan para pagar menos impuestos a cuenta de sus competidores”, afirmó la autoridad.

Sobre los montos de recaudación que permitirá esta ley, indicó que “estimamos que serán 1.200 millones de dólares el próximo año. Eso no es todavía la recaudación en régimen porque para la recaudación en régimen estimamos una cifra de 4.500 millones de dólares”.

“Como ocurre muchas veces en estas reformas, hay normas que van entrando y otras se van aplicando gradualmente, entonces la parte que le corresponde al 2025 es de 1.200 millones de dólares, y se va a distribuir en tres tercios dentro del presupuesto”, señaló.

Asi, el ministro detalló que “una parte se destinará a los aumentos de cobertura y valor de las pensiones, y además el incremento en la PGU que está contemplado en el proyecto de Reforma Previsional. Esto es una noticia importante para los pensionados porque esa reforma que está todavía en tramitación en el Senado, en la parte fiscal ya tiene su financiamiento”.

“El segundo tercio estará destinado a temas de inversiones en seguridad ciudadana. Para esto se ha definido una serie de prioridades y proyectos de ley. El presidente Boric en su cuenta pública del primero de junio anunció que cuando se contara con los recursos de cumplimiento tributario se podría financiar los aumentos de plantas de Carabineros,  aumentos de remuneraciones, cambios en la planta de la Policía de Investigaciones y todos los requerimientos adicionales de equipamiento”, acotó.

Sobre el perfil de quienes evaden impuestos, el titular de Hacienda indicó que las brechas de cumplimiento tributario se generan por tres vías. Uno es la evasión, cuando hay propiamente delitos tributarios. Una segunda vía es la elusión, que es cuando se aprovechan de resquicios que genera la ley para pagar menos impuestos. Y un tercero que es por desconocimiento del propio contribuyente.

“Entonces, aquí hay que combinar, medidas de control, de fiscalización, con apoyo a contribuyentes que no están suficientemente informados. Por supuesto, las cifras más grandes de incumplimiento  se presentan cuando hay fraudes de gran magnitud”.

Y efectivamente se refirió al megafraude conocido el año pasado, “que significaba alrededor de 250 millones de dólares que se evadieron a través de un esquema muy sofisticado de creación de empresas para admitir facturas falsas. Es ahí donde están las cifras más grandes de evasión”.

En la misma línea explicó que “este proyecto tiene muchas facultades reforzadas de fiscalización. Por ejemplo, a través del levantamiento del secreto bancario cuando hay un delito tributario de por medio; también está la figura del denunciante anónimo, para que cuando haya personas que tienen conocimientos de un esquema de defraudación fiscal, lo informen al Servicio Impuesto Interno anónimamente, para alentar que esa información se entregue. Y por otro lado, hay un aumento de recursos de informática, de equipamiento de personal para los servicios fiscalizadores, tanto impuestos internos como Aduanas y Tesorería”.

La decisión de Colbún

Las sonrisas que saca la inminente aprobación de la ley antievasión, se vio opacada con la decisión de Colbún de suspender un proyecto por 1.400 millones de dólares en el norte de Chile.

El  empresariado lo ha lamentado fuertemente, y desde Colbún han explicado que la suspensión de este proyecto se debe a que no existe uniformidad de criterios.

Al respecto Marcel dijo que si bien “el Gobierno ha impulsado el Gabinete Procrecimiento”, en el caso de Colbún, “tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental. Es un mecanismo un poco rígido, en el sentido de que cuando se detecta un problema, se rechaza el  estudio completo  cuando uno lo que buscaría es que se trate de corregir ciertos problemas para que el proyecto siga adelante. Ahora también ocurre que a veces hay funcionarios que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos“.

“No quisiera emitir un juicio, pero lo que sí veo es que el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental se le pidió el cargo“, sostuvo Marcel.