Columna de John Müller: “Zorros políticos en el gallinero previsional”

Sorprende que haya dirigentes de derecha dispuestos a conceder una victoria a quienes han sido enviados al rincón de los juguetes rotos por la gran mayoría de los votantes.

No sólo en encuestas y sondeos, sino en instancias electorales como el plebiscito constitucional de 2022, los chilenos se han pronunciado de manera sistemática contra la cesión de parte de sus salarios para la financiación de un sistema de pensiones de reparto. La contumacia con que un sector de los políticos insiste en apropiarse de un porcentaje de los sueldos sólo es comparable al instinto del zorro en el gallinero.

Parecía que el Gobierno de Gabriel Boric entendió que el rechazo al borrador constitucional de la izquierda y sus aliados de las tribus identitarias obligaba a bajar determinadas banderas. Pero la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, militante comunista, no asistió a clases el día después del plebiscito de septiembre.

Y Jara no ha querido escuchar los deseos de los chilenos porque, entre otras cosas, un sistema de reparto es un mecanismo de control de los ciudadanos fundamental para conseguir sus objetivos políticos. Una vez que se adueñen de las cotizaciones de los asalariados, el futuro de éstos dependerá de la clase política del país.  Estamos hablando de poner en manos de uno de los grupos más desprestigiados de la sociedad el manejo de los ahorros previsionales que constituyen una propiedad tan privada como la casa propia.

¿Cedería usted una habitación de su casa para que la ministra Jara organice su sueño de pensiones de reparto?

Lo sorprendente es que después de que todo el mundo entendiera que los asalariados no querían pagar esta aventura estatalista, hay dirigentes de la derecha chilena dispuestos a concederle una victoria por la mínima a quienes han sido enviados al rincón de los juguetes rotos por la amplia mayoría de los votantes. El ‘error’ del diputado Guillermo Ramírez al hablar reparto no es tal. Sabe perfectamente que con la excusa de subsanar la brecha de género quieren meter mano a los sueldos de un determinado grupo de trabajadores.

Y esto es lo más llamativo: se invoca la solidaridad únicamente de los cotizantes asalariados, no de todos los trabajadores. Ni los independientes, ni los trabajadores informales, y menos aún otros captadores de rentas como los que viven de arrendamientos o de especular en bolsa están invitados a costear el nuevo sistema de su peculio. Sólo aquellos que son asalariados deben sobrellevar esta carga. Este defecto no es incorregible, el sistema de pensiones de capitalización no impide que se cree una seguridad social que sirva como mecanismo de aseguramiento para los que tienen menos suerte o tomaron malas decisiones. De hecho ya existe y se llama PGU. Pero el mismo debe costearse con cargo a impuestos donde todos los chilenos arriman el hombro.

El último argumento que ha prendido en la derecha es que sería nefasto que la reforma de las pensiones se convierta en el tema que domine un futuro gobierno de su sector. Ni siquiera sabemos qué temas querría la derecha que dominaran su eventual plan de gobierno, pero, por lo visto, hay personas que ya tienen claro que la reforma previsional no es uno de ellos.

Si la derecha está tan angustiada con cerrar este asunto, hay una solución que nos han dado países como Suiza o Estados Unidos. Este año tenemos elecciones generales y bastaría generar una papeleta de voto adicional para celebrar un plebiscito y preguntar cuántos chilenos quieren que los asalariados financien los sueños de reparto de doña Jeanette Jara.