Presidenta Asociación de Magistrados del Poder Judicial por amenazas del crimen organizado: “No nos sentimos en riesgo”

En Radio Pauta, Mariela Hernández abordó la seguridad de los jueces que se encuentran en medio de juicios contra el crimen organizado y criticó la sobrecarga laboral a la que están expuestos.

En Pauta de Análisis, Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados se refirió a la situación de seguridad que enfrentan los jueces cuando están a cargo de casos vinculados al narcotráfico.

Sobre la amenaza de atentado en la cárcel del norte recientemente desbaratada, Hernández afirmó que “es la más grave desde el regreso a la democracia”.

Presidenta Asociación de Magistrados del Poder Judicial por amenazas del crimen organizado: “No nos sentimos en riesgo”

Además agregó que “tuvimos conocimiento en el año 2023 de amenazas a jueces del Tribunal de Garantía, y se tomaron las medidas de resguardo, pero en este caso de ser cierto, es de absoluta gravedad”.

La magistrada relevó la importancia de que, pese a las amenazas que puedan recibir los jueces, no se ponga en riesgo la independencia judicial.

“La independencia judicial garantiza que los jueces adopten sus resoluciones libres de cualquier tipo de presión y, por cierto, presiones desde la perspectiva de seguridad es de aún mayor gravedad”, señaló.

En ese sentido dijo que “la Asociación de Magistrados pertenece a dos organizaciones internacionales, una de ellas es la Federación Latinoamericana de Jueces, que tiene una comisión de seguridad (…) ya que durante años se ha escuchado la preocupación que existe en la región por la seguridad de los jueces y jueces y en general de los usuarios del sistema“.

En relación a los temores que han manifestado ciertos jueces, Hernández indicó que ” el Código Procesal Penal, faculta a los jueces que integran juicios de crimen organizado a adoptar medidas de resguardo para fiscales, intervinientes y jueces“.

También se refirió a la situación del Poder Judicial en otros países, y por eso enfatizó la necesidad de adoptar medidas para que en Chile no ocurra. “Por eso es tan importante escuchar la experiencia de nuestros vecinos de la región”.

Amenazas contra jueces

La dirigente de los magistrados afirmó que “pese a las amenazas, no nos sentimos en riesgo. Pueden haber situaciones puntuales que alteren y por cierto, tenemos que hacer una evaluación respecto de la situación recientemente conocida en los Tribunales  Penales en Arica”.

“Y lo más importante, ver cuáles fueron las medidas que se arbitraron para resguardar y evitar que estas situaciones ocurran. Porque esto no es solamente adoptar las medidas de resguardo, también ver cómo se investiga, cuál es la política criminal que tiene en este sentido el Estado”, señaló.

Respecto de la desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial que mostró la Encuesta Bicentenario, aseveró que “por cierto, el Poder Judicial se ha visto bastante afectado por determinadas situaciones, en especial lo que ocurrió con el caso Hermosilla, y la vinculación directa con integrantes de la Corte Suprema”.

Pero destacó el hecho que “la Corte Suprema tomara una decisión de manera rápida, donde terminó removida una ministra de la Corte”.

Así y todo fue enfática en afirmar que “la gran mayoría de los jueces y juezas desempeñan de manera leal al mandato constitucional y legal su cargo. Si aquí hay una sensación de injusticia, hay una sensación de desamparo, yo creo que hay que hacer un análisis de dónde viene”.

Recarga laboral

Hernández apuntó a que cree que la ciudadanía confunde la función del Ministerio Público con el trabajo que hacen los tribunales. “¿Qué es lo que se nos puede exigir como jueces y qué es lo que se le puede exigir al Ministerio Público dentro de las herramientas que los otros poderes del Estado nos entregan?”, cuestionó.

“Nosotros creemos que sí hay una crisis en el Poder Judicial, ¿y por qué existe esta crisis? Porque hay una carencia significativa de jueces y funcionarios. En los últimos 10 años se han dictado más de 50 leyes (…) y se han dictado leyes sin recursos”, criticó.

Dentro de las áreas más afectadas, dijo que están los tribunales de familia. “Se aumenta la competencia, la carga y son los mismos jueces y funcionarios quienes tienen que asumir esa carga”.

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