Correa Sutil no le ve futuro a acusación de Republicanos en contra de senadora Allende
En Pauta Final, el abogado Juan Correa Sutil, afirmó que “la senadora y la ministra delegaron la responsabilidad en un abogado, pero los profesionales del Estado encargados de revisar la legalidad fallaron gravemente en su deber”, señaló, destacando que “Isabel Allende y Maya Fernández no tenían la obligación jurídica de hacer esa revisión”.
La polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado ha generado un intenso debate político y jurídico en Chile. Este proceso, que involucró a miembros del grupo familiar de Allende, como la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa Maya Fernández, ha derivado en cuestionamientos sobre la legalidad de la transacción y las responsabilidades asociadas.
Para analizar las consecuencias legales de este hecho, Jorge Correa Sutil, abogado y exintegrante del Tribunal Constitucional, ofreció su perspectiva. Correa Sutil sostiene que, aunque el contrato de compraventa no se perfeccionó completamente, ya había sido celebrado según lo establece la normativa vigente.
“El lenguaje de la norma es claro: se cesará en el cargo de diputado o senador que celebre contratos con el Estado”, indicó. Según su interpretación, la firma del documento constituye un acto suficiente para considerarlo celebrado, aunque no se haya traspasado dinero ni completado el proceso.
Jorge Correa Sutil sobre el espíritu de la norma y la posible destitución de Isabel Allende
El abogado subrayó que el objetivo de esta disposición constitucional es prevenir actos corruptos o contratos que puedan favorecer indebidamente a un parlamentario. Sin embargo, argumentó que, en este caso, la naturaleza del contrato —la compra de un inmueble destinado a convertirse en un museo— no cumple con el propósito para el cual se redactó la norma.
“La destitución de la senadora Allende no defendería principios como la transparencia o la lucha contra la corrupción, a menos que se compruebe un pago indebido o fuera del valor de mercado”, aclaró.
El abogado también destacó que, aunque el Partido Republicano ha manifestado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la destitución de Isabel Allende, el caso podría terminar alimentando el enrarecido ambiente político más que fortaleciendo los principios constitucionales.
Responsabilidades y errores administrativos
Otro punto relevante en esta controversia es la falta de previsión legal por parte de quienes gestionaron el proceso. Correa Sutil cuestionó cómo funcionarios encargados de velar por la juridicidad de los actos administrativos no identificaron el conflicto legal a tiempo.
“La senadora y la ministra delegaron la responsabilidad en un abogado, pero los profesionales del Estado encargados de revisar la legalidad fallaron gravemente en su deber”, señaló, destacando que “Isabel Allende y Maya Fernández no tenían la obligación jurídica de hacer esa revisión”.
En esta línea, afirmó que, dado el nivel de error y el bochorno generado para el Gobierno, sería razonable que las personas involucradas en este proceso evaluaran dar un paso al costado o que el Presidente les pidiera asumir responsabilidades.
El caso también ha suscitado críticas respecto al hecho de que la familia Allende optara por vender la propiedad en lugar de donarla, considerando que el objetivo del contrato era resguardar el inmueble como patrimonio histórico. Sobre esto, Juan Correa Sutil recordó que nadie está obligado a donar sus bienes, y que la familia tiene derecho a recibir un precio de mercado por la propiedad.
Sin embargo, enfatizó que cualquier irregularidad en el precio acordado podría cambiar el análisis legal del caso.
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