Continúan consecuencias en Bienes Nacionales: jefa jurídica presenta renuncia voluntaria
Además Chile Vamos anunció esta mañana de jueves que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la senadora Isabel Allende
Las consecuencias que trajo la idea presidencial de adquirir la casa en la que vivió el presidente Salvador Allende para convertirla en museo, no se detienen.
A la salida de la ahora exministra de Bienes Nacionales, la frenteamplista Marcela Sandoval, se suma la renuncia voluntaria de la jefa jurídica de la repartición Pública, Macarena Diez Pallamar.
Continúan consecuencias en Bienes Nacionales: jefa jurídica presenta renuncia voluntaria
Una vez que quedaron al descubierto las incompatibilidades que impedían la compra del inmueble a la senadora Isabel Allende y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, el Gobierno echó pie atrás y encomendó a la abogada Diez hacerse cargo de la rescisión del contrato.
Sin embargo, y dado que su puesto es considerado de exclusiva confianza, con la llegada del nuevo ministro, Francisco Figueroa, renunció a la jefatura, pero continuará cumpliendo funciones al interior de la subsecretaría.
Algunas voces han cuestionado su salida de la jefatura, pues ella no fue la responsable de la elaboración del contrato de compraventa entre el Estado y la Familia Allende y además, habría advertido de las consecuencias jurídicas derivadas de la celebración del contrato. Es más, esa sería una de las razones que habría influido en que fuera designada por La Moneda, para rescindir dicho contrato.
En su reemplazo, la abogada María José Armisen asumió como nueva jefa de la División Jurídica del Ministerio.
Los antecedentes
Macarena Diez, académica y abogada experta en derecho administrativo y constitucional quedó a cargo, junto a su equipo, de elaborar el decreto autorizatorio que permitía al Estado adquirir la casa del expresidente, documento que es legal y que fue visado y tomado de razón por parte de la Contraloría.
El decreto aprobatorio del contrato de compraventa nunca llegó a redactarse porque las alertas de inconstitucionalidad aparecieron cuando La Moneda hizo pública la información.
En la oportunidad, abogados de Bienes Nacionales y la propia Diez habrían compartido los reparos que significaba la adquisición de la casa de Allende, pero el proceso continuó adelante acorde a los deseos de Presidencia.