Hacienda descarta ilegalidad en el cuestionado traspaso de $ 3,4 billones desde Corfo
Mediante un comunicado, el ministerio aseguró que la transferencia está entre las prerrogativas de la cartera y que siguió “la lógica de los lineamientos de la regla de Balance Estructural”.
El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el que descarta “acción fuera de la legalidad” en el contexto de los traspasos extraordinarios de recursos desde Corfo hacia el fisco, por concepto de más de 3,4 billones de pesos.
De esta manera, el Ministerio liderado por Mario Marcel reaccionó a los cuestionamientos en su contra tras el reportaje de The Clinic, en que se revelaron estos traspasos de dinero, los que también vuelven poner en tela de juicio el rol de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
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En la publicación del citado medio, se detalla que la transferencia tuvo lugar en 2023 y que una parte provino de excedentes del litio y otra desde la venta de activos financieros de la propia Corfo.
La información generó una serie de críticas, las que el Ministerio de Hacienda ha intentado apaciguar. La cartera aseguró que la transferencia “no constituyen una acción por fuera del marco legal“.
El comunicado explica que el requerimiento está dentro de las atribuciones de Hacienda y “sigue la lógica de los lineamientos de la regla de Balance Estructural que guía la política fiscal de Chile hace más de dos décadas”.
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“El Ministerio de Hacienda solicitó a Corfo integrar al Tesoro Público $3,4 billones de ese total, es decir, $2 billones menos de lo que ingresó por el mineral. En síntesis, a Corfo se le solicitó reintegrar menos dinero del ‘extra’ que ingresó por los mayores ingresos del litio“, explicaron.
Desde Hacienda remarcaron que su solicitud a Corfo está dentro de las atribuciones que le otorga “el artículo 29 bis del Decreto Ley Nº 1.263 orgánico de la administración financiera del Estado, que indica que el Ministerio de Hacienda podrá ordenar ‘el traspaso a rentas generales de la Nación de excedentes de caja de los servicios e Instituciones, incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que no tengan aporte fiscal”.