CChC advierte sobre acuerdo en San Antonio: “El derecho de propiedad es un pilar fundamental del Estado de derecho”
“El caso de San Antonio debe ser un llamado de atención, tardío pero válido, para abordar con urgencia y mirada país lo que ocurre en Chile con el creciente déficit habitacional”, señalaron.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) se refirió al acuerdo entre el Gobierno y los dueños del terreno ocupado en San Antonio, que pospone hasta por seis meses el desalojo de 10 mil personas, según lo dictaminado por la Corte Suprema.
En un comunicado, el gremio manifestó su inquietud ante el crecimiento de los asentamientos informales en el país y la ausencia de soluciones efectivas para enfrentar el déficit habitacional.
El gremio de la construcción ha expresado su preocupación por la situación en San Antonio, la cual la calificaron como un “llamado de atención”. El conflicto surge a raíz de sanciones impuestas por la Superintendencia de Medio Ambiente, lo que, según empresarios del sector, estaría afectando el desarrollo de proyectos y generando incertidumbre en la inversión en la zona.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción, señalaron que “el aumento registrado responde a diversas causas, entre ellas: el bajo crecimiento de la última década agravado por el gran aumento de la migración a partir de 2014; la derogación del decreto que impedía a quienes usurpen terrenos públicos o privados acceder a beneficios estatales como el subsidio a la vivienda; la pandemia y la crisis económica que se derivó de ella. Adicionalmente, un porcentaje significativo de este incremento se produjo tras el estallido social por su consecuencia en el debilitamiento del Estado de Derecho”.
Manuel Vial, presidente de la constructora Vital, criticó las multas impuestas por la autoridad ambiental. En este sentido, señaló que son desproporcionadas y afectan la continuidad de las obras. En particular, menciona sanciones millonarias por ruidos molestos, lo que considera una medida excesiva. Según su postura, este tipo de regulaciones estrictas están frenando el crecimiento del sector y generando un impacto negativo en la industria.
Por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente rechazó las acusaciones, argumentando que su labor es hacer cumplir la normativa vigente. Defienden que las sanciones responden a infracciones concretas y buscan proteger el bienestar de la comunidad. En este contexto, el gremio constructor insiste en la necesidad de revisar los criterios de fiscalización para evitar afectar el desarrollo económico y la inversión en infraestructura.
Asimismo, la CChC, sostuvo que “la toma de San Antonio, surge justo en este último período. Las primeras familias en llegar al cerro Centinela lo hicieron en 2019 y pese a que los dueños del terreno advirtieron de esta ocupación ilegal, no hubo respuesta ni medidas de parte de las autoridades, lo que es inaceptable. Es vital dejar claro que el derecho de propiedad es un pilar fundamental del Estado de derecho y claramente en estos casos no se respetó y es lo que dictaminó el poder judicial”.
