Exministra de Bienes Nacionales aseguró que advirtió ilegalidad en fallida compra de Casa de Allende, pero que no fue escuchada
Caso que le costó su cargo en el Gobierno y que implicó la apertura de una causa penal por fraude al fisco.
En el marco de la investigación de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, dio cuenta que advirtió a La Moneda una eventual ilegalidad, pero que su consejo fue desestimado.
Se trata de una declaración que entregó en el mes de enero ante la Fiscalía, en donde advirtió al asesor presidencial, Leonardo Moreno, que era complejo el hecho que la ministra de Maya Fernández, quien es nieta de Allende, fuese parte de los vendedores.
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Sandoval aseguró que advirtió por ilegalidades en fallida compra de Casa de Allende, pero que no fue escuchada
“Recuerdo que en algún momento cuando se había aprobado el presupuesto, le manifesté a Leo Moreno, vía telefónica, indicando que era complejo que la ministra Maya Fernández fuera parte de los vendedores. A lo cual Moreno, me indicó que esto se manejaría de forma comunicacional”, sostuvo en la declaración a la que tuvo acceso La Tercera.
El escrito también da cuenta que no sólo fue ella quien realizó la advertencia, sino que también lo hizo la jefa jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, “quien confeccionó una minuta donde nos contó (…) que existían eventuales conflictos de interés, respecto de quienes venden la propiedad de Allende, y debido a los cargos que ocupaban las personas que eran parte de la comunidad heredera” explicó la exministra.
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Recordemos que el caso produjo la salida de la cartera de Bienes Nacionales a Marcela Sandoval, y la apertura de una causa penal por fraude al fisco que se encuentra investigando el fiscal Patricio Cooper.
Además, se sumaron acciones ante el Tribunal Constitucional en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende. Esto se debe a que la Constitución prohíbe a las autoridades en ejercicio celebrar contratos con el Estado.