Presidente Boric es requerido por la Fiscalía en calidad de imputado por la fallida compra de la casa de Allende
Según la normativa vigente, no se puede citar al Jefe de Estado, por lo que Fiscalía lo invita, y será el propio mandatario quien defina el lugar y la hora de su declaración.
Este jueves 13 de marzo se dio a conocer la noticia de que el Presidente Boric fue llamado a declarar ante Fiscalía en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Según fuentes de Fiscalía, el mandatario fue requerido en calidad de imputado.
Sin embargo, la normativa vigente establece que no se puede citar a declarar al jefe de Estado, sino que se le debe invitar, por lo que el presidente fijará el lugar y la hora para prestar su declaración.
Desde Presidencia, informaron que el Mandatario está disponible para colaborar con la investigación, lo que incluye la posibilidad de una declaración voluntaria. Además de colaborar con todo lo que se le requiera.
En este caso, el Presidente Boric tiene una querella en su contra, es por esto que tiene la calidad de imputado. El Mandatario deberá responder sobre quién decidió la compra, quién negoció los dineros, aclarar los hechos y decisiones entre la familia Allende y el Estado.
El Presidente sería la cuarta autoridad citada por el Ministerio Público, después de las exministras Marcela Sandoval y Maya Fernández, de Bienes Nacionales y de Defensa, respectivamente, y la senadora Isabel Allende. Estas últimas son, respectivamente, nieta e hija del expresidente Salvador Allende.
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¿Por qué el llamado a declarar al Presidente Boric?
El fiscal a cargo de la indagación por presunto fraude al fisco es Patricio Cooper, designado en este caso por el fiscal Nacional. El Presidente estaría “invitado” a declarar este jueves 27 de marzo y deberá responder sobre quién decidió la compra, quién negoció los fondos para la transacción y aclarar la posición sobre la transferencia que se buscaba realizar entre el Estado y la familia Allende.
Cabe recordar que la compra tenía por objetivo convertir el inmueble de Guardia Vieja en una casa-museo, al igual que dos casas del expresidente Patricio Aylwin, acción que también se frenó para ser revisada después de estallar el escándalo por la casa de Allende.
La indagación se produce porque el Estado, a partir de noviembre de 2024, buscó concretar la compra con dos familiares del exmandatario que, por ley, tenían prohibido celebrar contratos con el Estado por ser autoridades: la senadora Isabel Allende y la exministra Maya Fernández, que abandonó su cargo y enfrenta una acusación constitucional precisamente por este caso.
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