Presidente Boric declara como imputado por intento fallido de compra de casa del expresidente Allende
“El Presidente de la República realizó una declaración voluntaria en La Moneda, reafirmando su disposición a colaborar con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público”, detalló el comunicado difundido pasadas las 10:00 horas.
El Presidente Gabriel Boric prestó declaración este viernes ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en calidad de imputado, en el marco de la investigación por la frustrada adquisición de una propiedad vinculada a la familia del expresidente Salvador Allende.
Según informó la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, la diligencia se realizó de forma voluntaria y tuvo lugar en el Palacio de La Moneda. El Mandatario fue interrogado por el fiscal Cooper, quien se desplazó hasta la sede de Gobierno desde la Fiscalía Nacional.
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“El Presidente de la República realizó una declaración voluntaria en La Moneda, reafirmando su disposición a colaborar con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público“, detalló el comunicado difundido pasadas las 10:00 horas.
La comparecencia originalmente estaba agendada para el jueves, pero se postergó 24 horas y se llevó a cabo desde las 9:00 de este viernes.
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El origen del caso
La investigación se inició tras una denuncia presentada en enero por la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, liderada por Raimundo Palamara, abogado y exaspirante a la Convención Constitucional por el Partido Republicano. En la presentación se solicita indagar un eventual fraude al fisco en la operación de compra.
Durante 2023, el Ejecutivo había anunciado su intención de adquirir dos inmuebles históricos: la residencia de la familia Allende en la calle Guardia Vieja, en Providencia, y la casa del expresidente Patricio Aylwin. El objetivo era incorporarlas al patrimonio nacional como museos abiertos al público.
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Sin embargo, el 3 de enero de este año el gobierno dio marcha atrás respecto a la casa de Salvador Allende, argumentando problemas legales con la copropiedad del inmueble. Entre los dueños figuraban la senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, ambas herederas directas del exmandatario y legalmente inhabilitadas para participar en operaciones de compraventa con el Estado.
El traspié desató cuestionamientos y motivó la intervención de la Fiscalía, que hoy tiene al propio Presidente como imputado en un proceso aún en curso.
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