Presidente de Sonapesca por Ley de Fraccionamiento: “No se puede trabajar si las reglas cambian cada dos años”
En Radio Pauta, Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca advirtió sobre las consecuencias en el ámbito laboral que podría tener esta modificación. “Con las propuestas actuales, hay empresas que tendrían que cerrar o reducir drásticamente su capacidad”.
La reforma a la ley de fraccionamiento pesquero avanza hacia una etapa decisiva en el Senado, luego de que el proyecto ingresado por el Ejecutivo con discusión inmediata fuera aprobado en la Cámara de Diputados a fines de 2024.
El debate ha escalado tanto en el plano político como en las calles, con movilizaciones de pescadores artesanales en diversos puntos del país.
El foco del conflicto está en cómo se distribuyen las cuotas de captura entre el sector industrial y el artesanal. Sin embargo, la discusión ha generado tensiones entre los distintos actores del sector y preocupa la incertidumbre sobre las reglas del juego para los próximos años.
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Presidente de Sonapesca por Ley de Fraccionamiento: “No se puede trabajar si las reglas cambian cada dos años”
En conversación con Primera Pauta de Radio Pauta el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, expresó su preocupación por lo que considera un cambio abrupto en un sistema vigente hasta el año 2032.
“Las empresas optaron libremente en 2012 por un régimen de asignación que establecía el fraccionamiento hasta el 2032. Si ahora se pretende modificarlo antes de ese plazo, debería hacerse con acuerdo de las partes involucradas, no de forma unilateral”, sostuvo.
Sandoval advirtió que modificar las reglas sin consensos podría desencadenar acciones judiciales, ya que muchas empresas planificaron sus inversiones a largo plazo considerando el marco legal vigente. “No se puede trabajar si cada dos años cambian las condiciones. Así, los compradores internacionales pierden la confianza en el país”, agregó.
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“La distribución uno puede evaluarla y modificarla, pero tiene que ser con acuerdo de las partes.”
Una de las principales críticas de Sandoval apunta a la falta de estabilidad jurídica en el nuevo diseño de ley. Si bien reconoció que es posible discutir nuevos porcentajes de distribución entre industriales y artesanales, insistió en que el problema central es la incertidumbre regulatoria.
“Podríamos llegar a acuerdos sobre las cuotas, pero debe haber garantías de que ese nuevo acuerdo se mantendrá en el tiempo. Por eso valoramos que el Senado haya propuesto extender el régimen hasta 2040″, explicó.
Respecto a los argumentos del Gobierno, que plantea modernizar el sistema por cambios ambientales y económicos, Sandoval señaló que existen alternativas más eficientes sin alterar los derechos adquiridos.
“Hay mecanismos de traspaso de cuotas entre industriales y artesanales que podrían perfeccionarse sin necesidad de alterar la ley base. Eso permitiría flexibilidad sin generar conflicto”, afirmó.
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El dirigente descartó que haya un problema de legitimidad de la actual ley, aprobada en 2012, pese a los cuestionamientos por el rol de algunos parlamentarios involucrados en irregularidades, en alusión a Pablo Longueira. “Fue una ley ampliamente votada en el Congreso. Si hubo delitos, fueron sancionados por los tribunales. Si se quiere cambiar, debe hacerse respetando el marco institucional y con las mayorías necesarias”, enfatizó.
Sandoval hizo un llamado a considerar los impactos laborales que tendría una redistribución abrupta de cuotas. “Con las propuestas actuales, hay empresas que tendrían que cerrar o reducir drásticamente su capacidad. Eso pone en riesgo miles de empleos. No se está midiendo el daño que se puede causar al tejido productivo del sector pesquero”, alertó.
En los próximos días, el proyecto será discutido en la Comisión de Hacienda del Senado y podría pasar a sala dentro de la misma semana. Si ambas cámaras no logran acuerdo, se conformará una comisión mixta. Mientras tanto, la tensión entre sectores continúa creciendo, en una discusión que combina demandas por equidad con exigencias de certeza jurídica.
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