Test de drogas para Presidente, gabinete y otras autoridades: ¿en qué consiste?
El proyecto obliga a parlamentarios, ministros, alcaldes y aspirantes a cargos de elección popular a someterse a un test de drogas en laboratorios autorizados, con resultados públicos y como requisito para postular o ejercer funciones.
La Cámara de Diputados dio luz verde este miércoles al proyecto de ley que establece la obligatoriedad del test de drogas para el Presidente de la República, ministros, subsecretarios y parlamentarios, así como para quienes postulen a los cargos de alcalde y concejal.
Con 99 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, la iniciativa fue aprobada. Sin embargo, debido a la incorporación de una indicación, deberá volver a la comisión de Gobierno Interior para un nuevo análisis.
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¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto de ley establece que el Presidente, parlamentarios, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y alcaldes deberán someterse, al menos una vez al año, a un examen de detección de drogas.
La prueba deberá ser realizada en un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud y cumplir con estándares internacionales, utilizando muestras de cabello para asegurar la confiabilidad de los resultados.
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Requisitos para candidatos
La normativa también se aplicará a quienes postulen a cargos públicos como Presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal. No podrán inscribirse ni asumir el cargo aquellos candidatos que presenten dependencia de drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, salvo justificación médica debidamente acreditada.
Para ser aceptados por el Servicio Electoral (Servel), los postulantes deberán presentar una declaración jurada que asegure no estar inhabilitados por consumo de drogas, acompañada de un examen médico que respalde esta condición.
De promulgarse la ley, la modificación a la Ley 20.000 exigirá este test y documentación como requisito obligatorio para todos los candidatos.
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Exámenes periódicos y resultados públicos
En caso de que un diputado o senador en ejercicio presente dependencia de drogas, no podrá asumir ni continuar en el cargo, de acuerdo con la reforma a la Ley 18.918 del Congreso.
El examen de drogas deberá repetirse al menos una vez al año mientras dure el periodo en funciones, y los resultados serán públicos como medida para fomentar la transparencia en la administración pública.
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Antecedentes de la medida
Esta exigencia no es completamente nueva. En 2022, tras una modificación al Reglamento de la Cámara de Diputados, se realizó un test de drogas obligatorio a los legisladores. En esa oportunidad, 75 diputados se sometieron al análisis, todos con resultado negativo, mientras que tres parlamentarios se abstuvieron de participar.
La iniciativa, que aún debe ser promulgada, busca garantizar que las autoridades y candidatos a cargos públicos en Chile estén libres de consumo de drogas ilegales, promoviendo la integridad y la transparencia en la función pública.