TECHO-Chile tras catastro de campamentos: “Nunca habíamos visto una cifra como esta”

En Radio Pauta, la directora del Centro de Estudios de TECHO-Chile, Pía Palacios, se refirió al informe que reveló que 113.887 familias viven en campamentos, la cifra más alta desde 2001.

113.887 familias viven en campamentos. Así lo reveló el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, elaborado por TECHO-Chile, que reflejó un alza de 39,5% en relación a la medición anterior. Se trata de la cifra más alta desde 2001. 

Además, también se informó que existen 1.290 campamentos distribuidos en todo el país, un 33,1% más que en 2020-2021. 

En conversación con Plaza Pauta, de Radio Pauta, la directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHO-Chile, Pía Palacios, señaló que “desde 2011 en adelante hemos podido ver que la cantidad de familias sigue aumentando año tras año. Habíamos podido ver que llegaban entre dos mil y tres mil familias a campamentos año a año”.

“Sin embargo, a partir de 2019, pudimos verificar un aumento de casi un 79% en las familias viviendo en campamentos hasta 2021. Ahora, solamente en tres años, pudimos constatar nuevamente que aumentó, cerca de un 40%, llegando a una cifra que nunca antes habíamos visto. No existen registros de una cifra superior a esta”, dijo.

A juicio de Palacios, “esto es un reflejo de lo que está pasando en materia de exclusión sociohabitacional, principalmente al interior de las ciudades. Los campamentos resultan ser la parte más visible, pero dentro de nuestras ciudades se oculta una parte que poco salió con la pandemia: por ejemplo, todos los hogares que vivían de allegados o en condiciones de hacinamiento, y que de todas maneras representan un requerimiento de vivienda”.

La directora del Centro de Estudios de TECHO-Chile aseveró que estas cifras van a “engrosar” los registros del déficit habitacional, que supera los 643 mil hogares.

La especialista recordó que la cantidad de familias en campamentos comenzó a reducirse “a partir de 2001, cuando nosotros catastramos 46 mil familias, y ya en 2023 se redujo a cerca de 32 mil, y en 2005 se volvió a reducir a poco más de 24 mil. El problema es que esto responde a los costos que existen en materia de vivienda en las ciudades”.

“Desde 2010 en adelante, el precio de la vivienda ha subido a un ritmo superior a los sueldos. Eso hace que cada vez menor cantidad de población pueda acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en arriendo”, agregó.

Pía Palacios añadió que “en 2011 había en promedio en el país 41 familias por campamento. Hoy son 88. Eso representa un tremendo desafío para las ciudades que reciben campamentos que son más grandes y también en materia de intervención. Cuesta muchísimo más trabajar con campamentos que son más grandes, por su diversidad y porque necesitan mayor tipo de equipamientos y servicios que con campamentos más pequeños, porque la solución habitacional puede ser incluso un poco más rápida”.

En cuanto a los motivos por los cuales las familias llegaron a los asentamientos, el Catastro Nacional de Campamentos mostró que en más del 70% de los campamentos, más de la mitad de las familias se vieron afectadas por el alto costo de los arriendos (74,8%), la necesidad de independencia (73,6%) y los bajos ingresos (72,5%).

La directora del Centro de Estudios de TECHO-Chile también señaló que existen riesgos naturales que pueden afectar a los asentamientos irregulares, como inundaciones, temporales y aluviones. A eso se suman los riesgos antrópicos, entre los que se encuentran los incendios que se generan al interior de ellos.

En esa línea, según cifras de la organización, “el 10,8% de los campamentos han indicado que se han visto afectados por incendios forestales. Estamos hablando de 130 campamentos en el país”.

Palacios remarcó que “nosotros sabemos que hay lugares en los cuales realmente no se puede construir. Cuando se vive en los bordes de ríos, sobre todo con temas de cambio climático y según las proyecciones que existen, esto va a ser cada vez más peligroso y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a poder convivir con nuestro medioambiente. En esos lugares, no hay obra de mitigación que pueda apalancar esto”.

“Sin embargo, hay cierto tipo de riesgos que sí se pueden ver mitigados mediante distintos tipos de obras y de construcciones. Para eso, necesitamos ordenamiento y planificación territorial, y eso tiene que ser de manera preventiva. No puede ser que todos los instrumentos de planificación vayan después de que las personas ya llegaron al lugar. Tiene que haber una buena planificación”, sostuvo.

La socióloga destacó que el Plan de Emergencia Habitacional “contempla la construcción de equipamientos y servicios. Eso es claramente un avance. La vivienda tiene que venir en conjunto con la ciudad, si no, sería completamente retroceder”.

Respecto a la situación de las regiones, detalló que en el norte el principal componente tiene que ver con la migración, mientras que “en la zona central, sobre todo en las tres áreas metropolitanas, tiene que ver con el acceso a servicios y la escasez del suelo. Y la demanda por suelo va a seguir aumentando. Sí o sí necesitamos suelo para poder construir”. 

En el paso a las soluciones definitivas, Pía Palacios reconoció que “hay una tremenda burocracia. Los tiempos de construcción promedian los dos años, pero todo lo que hay previo a eso demora muchísimo tiempo… la adjudicación de los proyectos, los subsidios. Conseguir suelo bien localizado dentro de las ciudades está prácticamente imposible. Por eso, es básico para nosotros poder ampliar la oferta, que sea bien localizada, sobre todo para poder subsanar todo el déficit habitacional”.

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