El proyecto de protección al patrimonio que duerme en el Senado
En Radio Pauta, Pablo Allard comentó que “aquí el que daña el patrimonio no solamente tiene que pagar por el daño material sino que también por todo lo que significa, todo el daño cultural e intangible”.
A propósito de los rayados que sufrió la iglesia de San Francisco hace unos días, este fin de semana en El Mercurio una veintena de profesionales ligados a la arquitectura, patrimonio, urbanismo, publicaron una carta en la que destacan que desde marzo 2022 en el Senado descansa la ley del Patrimonio Cultural que entre varias cosas contempla medidas para perfeccionar, endurecer el sistema de penas asociado a los rayados y violentación de los patrimonios.
En esa misma línea, agregó que “esta ley no se hace cargo solo del daño del patrimonio como pueden ser el grafiti, como hemos visto los últimos días, sino que además descentraliza la toma de decisiones, hace más expedita la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales y va destrabando esos nudos. Además, genera incentivos para que podamos cuidar y darle sentido de urgencia al patrimonio“.
Sobre las penas que debiesen aplicarse a quienes dañan el patrimonio, Allard dijo que “la ley de Patrimonio, que está esperando su aprobación por el Senado, por ejemplo, plantea el aumento de multas, que en su rango máximo se multiplican por 10, o sea pasamos de una multa de 200 UTM a 2000 UTM y una mayor severidad en las penas que pueden llegar hasta presidio menor en su grado máximo“.
“Estamos diciendo que aquí el que daña el patrimonio no solamente tiene que pagar por el daño material, sino que también por todo lo que significa, todo el daño cultural e intangible. Es por eso que las multas deben ser desproporcionadas y no equivalentes a lo que cueste, por ejemplo, pintar la Iglesia San Francisco”, especificó.
Existe una burocracia para reparar lo que está dañado. Recordemos por ejemplo lo que pasó con la cúpula del Museo de Bellas Artes, que el mismo Fernando Pérez, exdirector del Museo, comentó lo que costó destrabar esa situación. Es decir, una vez lo que se produce el hecho, el museo quería reparar de inmediato el daño, pero hubo toda una gestión con el Consejo de Monumentos que trabó la operación.
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