Carta al Presidente electo
“Hasta ahora ningún gobierno ha mostrado interés real en fiscalizar. Sí han estado para la foto en los momentos de triunfos”, escribe Fernando A. Tapia. “Sin duda cuando usted asuma tendrá múltiples otras prioridades. Pero no se olvide del fútbol, señor Presidente electo: ¡Intervención Ya!”.
Estimado Presidente electo Gabriel Boric:
Comprendo que en estos agitados días esté usted muy ocupado con cientos de temas muy relevantes para el país, y que deberá enfrentarlos con urgencia apenas asuma el próximo 11 de marzo. Ciertamente que hoy la prioridad es la conformación de su gabinete y, luego de ello, definir la agenda de las primeras medidas y propuestas con la que iniciará la presidencia.
No tengo dudas de que hay muchas materias que requieren de su máxima atención en salud, educación, trabajo, seguridad, pensiones y un largo etcétera que nos quedó claro en la campaña. Sin embargo, quienes amamos el deporte, estamos más bien decepcionados de lo poco y nada que se habló de esto en el periodo preelectoral por parte todos los candidatos.
Llegará a La Moneda con la responsabilidad de responder a la alta expectativa de cambios. Y como sé que usted es un amante auténtico del fútbol, un hincha reconocido de la Universidad Católica, y especialmente consciente del significado que tiene este maravilloso deporte para millones de chilenos, es que quiero contarle que en nuestro país la actividad está en serio peligro.
Sabrá usted que la ley de sociedades anónimas deportivas, promulgada en 2005 por el presidente Ricardo Lagos –teniendo al actual Presidente Sebastián Piñera, entonces senador, a uno de sus principales promotores– tuvo la intención de profesionalizar una industria, otorgándole al sector privado la posibilidad de entrar en la propiedad de los clubes e instituciones.
Las quiebras de Colo Colo y la Universidad de Chile fueron el mejor argumento para la instalación de una nueva institucionalidad que prometió terminar para siempre con malas gestiones y prácticas de dirigentes que no tenían la obligación legal de asumir sus malas administraciones. En efecto, la ley ha servido para ordenar muchos aspectos de la industria del fútbol, especialmente en lo que dice relación con las obligaciones con sus trabajadores, es decir, los futbolistas. Si en algo ha contribuido esta estructura es precisamente que la huelgas por no pago de remuneraciones son cada vez más escasas. Ha habido, por cierto, pero no pasan de ser excepciones.
El problema, ya lo sabrá usted, es que los socios e hinchas quedaron absolutamente apartados de cualquier decisión institucional. La esencia del fútbol está precisamente en esa conexión mágica de los fanáticos con su camiseta, con los emblemas y símbolos, con su historia, ídolos, triunfos y fracasos. Sin embargo, este no es el problema más grave. En Chile los clubes de fútbol, la sociedades anónimas deportivas, han sido en general deficitarias. Y eso que, como nunca, han disfrutado de los mayores ingresos jamás conocidos gracias a los derechos televisivos, hoy a manos de la cadena TNT Sports. Así por ejemplo la deuda de Colo Colo con el fisco, que provocó su quiebra, no solo no se ha reducido, sino que se ha triplicado en este periodo.
Salvo honrosas excepciones, en la que podemos poner al club de sus amores, los empresarios que llegaron con la promesa de una mejor gestión, han sido incapaces de dar un impulso efectivo al desarrollo del fútbol, transformándose en una actividad privada, que sin la subvención del Estado estaría simplemente en la quiebra. Para peor, ha sido en esta etapa en la que fuimos testigos del peor caso de corrupción de la historia, con la directica de Sergio Jadue a la cabeza, teniendo como cómplices pasivos a un consejo de presidentes de la ANFP cuya composición ha cambiado poco desde que estalló el caso.
Hoy muchos son los que siguen sentados ahí, y que poco a poco han sucumbido a la tentación de dejar el negocio en manos de los representantes o agentes de futbolistas, los nuevos dueños de la pelota. Esto es gravísimo, porque el principal interés de estos actores es la compra y venta de los pases de jugadores, dejando de lado la formación y, por ende, afectando en su base los proyectos deportivos que están en la fundación de las instituciones.
¿Sabía usted que Unión La Calera y San Luis de Quillota, equipos de rivalidad histórica, son manejados por un mismo empresario? ¿Que en Coquimbo Unido y Audax Italiano se guían prioritariamente con un mismo representante? Hoy no sabemos quiénes son los verdaderos dueños de Azul Azul, la empresa concesionaria del club de fútbol de la Universidad de Chile, institución fundadora de la República y cuyos valores podrían estar en riesgo ante inversionistas fantasmas.
Por definición, la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) es una corporación privada sin fines de lucro. En el 2011 fueron ellos los que propusieron una cuota de incorporación de UF 50.000 a los clubes que ascendían de la Segunda División Profesional a la Primera B, cuestión que recién este año fue declarada como una conducta antijurídica y atentatoria contra la libre competencia y por lo que la Corte Suprema determinó una multa de US$ 2,5 millones.
En 2015, en uno de los tantos consejos de presidentes –que son secretos– los dirigentes, insisto, muchos de los cuales están vigentes hoy, llevaron a un experto tributario para que les diera clases de cómo eludir los impuestos. Dos expresidentes de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz Tagle y Aníbal Mosa (este último aún su máximo accionista), han sido sancionados por la justicia por uso de información privilegiada, y en Azul Azul ejerció el mandato José Yuraszeck, involucrado el celebérrimo caso “Chispas”. Todos ellos podrían perfectamente volver a sentarse en el “honorable” consejo si lo quisieran, porque nada ni nadie se los impide.
Hoy el tema del momento es la expulsión de Deportes Melipilla de la ANFP, acusado de pagos en negro de los salarios en su plantel, saltándose el reglamento interno y vulnerando leyes laborales. Los hinchas del club, víctimas de los actos de sus dirigentes, seguramente tendrán que esperar años para ver a su equipo nuevamente en la serie de honor, pero los directivos con seguridad reaparecerán muy pronto por el edificio de Quilín, donde funciona la sede del fútbol chileno. Uno de los abogados que alegó en contra del equipo melipillano en el tribunal de disciplina fue Óscar Fuentes, contratado, entre otros, por clubes como U. La Calera y San Luis. El profesional, sancionado por la Corte de Apelaciones de Santiago por actuar de mala fe en 2020, fue el secretario ejecutivo de la ANFP bajo la administración de Sergio Jadue –era su mano derecha– y fue el encargado, por ejemplo, de redactar la polémica cuota de incorporación para los clubes de la Segunda División ya descrita. La redonda impunidad podríamos decir.
Señor Presidente electo, como debe saber usted, en 2018 la Cámara de Diputados despachó la reforma a la ley de SADP que establece, entre otras cosas, la imposibilidad de que representantes de futbolistas sean dueños de clubes. Han pasado tres años de eso y el Senado no ha completado el trabajo. ¿Desidia parlamentaria o lobby de las sociedades anónimas? Sea cual sea la razón, lo cierto es que ya es tarde, porque este fenómeno está en pleno desarrollo.
El Estado tiene herramientas para fiscalizar al fútbol. El Ministerio de Justicia tiene la prerrogativa de supervisar a las corporaciones, que es como se define la ANFP. Por cierto, también las tiene el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante las evidencias de que en el fútbol chileno los clubes y sus dirigentes han actuado sin control real alguno.
En nuestro país la Federación de Fútbol está bajo el control de la liga profesional, algo que va en contra de lo que exige la propia FIFA. Es obvio, los recursos generados por las selecciones nacionales –adultas y juveniles, masculinas y femeninas– sirven para subvencionar un campeonato organizado por empresas privadas, que además cuentan con el apoyo del Estado a través de contratos muy convenientes en el arriendo de estadios, construidos con los impuestos de todos los chilenos, además de la seguridad que brinda Carabineros para todos sus eventos.
Dentro del fútbol hay organismos que se definen como autónomos, pero que dependen de los recursos que entrega la ANFP. Así, por ejemplo, ocurre con el Tribunal de Disciplina y el Comité de Árbitros. Es evidente que a cada rato se producen conflictos de interés (el presidente y su directorio deciden quién es la cabeza de los jueces de negro, el que por ende responde a la administración de turno).
La ANFP y el consejo de presidentes han dilatado la separación con la Federación, apropiándose de los recursos que, como ya describí, generan las selecciones, además de los ingresos que provienen de la FIFA y Conmebol, y que deberían ir al fútbol formativo, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala, y asegurar también la real independencia de la justicia del fútbol y sus árbitros. Hasta ahora ningún gobierno ha mostrado interés real en fiscalizar. Sí han estado para la foto en los momentos de triunfos. Con la directiva corrupta de Sergio Jadue los organismos estatales llegaron tarde y mal. El actual estado de situación exige una actitud distinta.
Sin duda cuando usted asuma el próximo 11 de marzo tendrá múltiples otras prioridades. Pero no se olvide del fútbol, señor Presidente electo: ¡Intervención Ya!
Fernando A. Tapia participa en Pauta de Juego, de Radio PAUTA, de lunes a viernes a partir de las 12:30 horas. Escúchelo por la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, y por la 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, y véalo por el streaming en PAUTA.cl.