Los intocables
“La tercera es la vencida, dicen. Veremos. Pero para asegurarnos no queda otro camino que la intervención de la justicia ordinaria”, dice Fernando A. Tapia: “El fútbol chileno no resiste más intocables”.
Un montaje. Eso es lo que el oficial de cumplimiento de la ANFP, el abogado Miguel Ángel Valdés, estableció como conclusión tras su investigación exprés en el último escándalo del fútbol chileno, esta vez protagonizado por los árbitros. En su informe, quien encabeza el equipo de policías internos en la desprestigiada asociación de clubes, llegó a la convicción de que en el partido ente Huachipato y Copiapó, por la liguilla de la permanencia, “no hubo intervención externa o presión indebida” en el penal sancionado a favor de los acereros por el árbitro Francisco Gilabert. En otras palabras, descarta un arreglo, amaño o manipulación del resultado como se infería tras revelarse los audios de Whatsapp divulgados por radio ADN, en los que el propio juez reconocía haberse sentido presionado para sancionar la pena máxima, estableciendo directamente la posibilidad de una relación impropia entre el presidente del comité arbitral, Javier Castrilli, y el timonel de Huachipato Victoriano Cerda.
Peor aún, concluye que todo se trató de una operación que buscó el desprestigio de quien encabezaba a los jueces, precisamente enfrentado a sus dirigidos, motivando incluso la posibilidad de un paro que tuvo en jaque por algunas horas la continuidad de los campeonatos. Castrilli y su equipo fueron despedidos luego de rechazar la idea del directorio de la ANFP de apartarlos de sus cargos en tanto se desarrollara la investigación pertinente. Los árbitros, que reclamaban su salida como algo innegociable, lograron además la reintegración de los 14 jueces que el exárbitro argentino había exonerado, según él, por razones técnicas, y levantaron la amenaza de paro.
Todo ocurrió en apenas unas horas luego de que el periodista Juan Cristóbal Guarello diera a conocer públicamente la conversación de Gilabert con su ahora examigo y exjuez de la Primera B Felipe Jerez. En rigor, aquél miércoles 6 de abril, no hubo nadie que no quedara escandalizado por el crudo relato de Gilabert, y en masa exigimos una rápida y contundente respuesta del presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, que finalmente cortó el hilo por lo más delgado, como fue la salida de Castrilli.
Digamos las cosas como son: ese día los presidentes de clubes respiraron más tranquilos al saber que el torneo iba a seguir su curso normal, y que no habría un nuevo motivo para seguir deteriorando la ya débil relación con su principal socio comercial, la cadena TNT, dueña de los derechos televisivos del campeonato, y que a través de un arbitraje reclama una indemnización por los partidos que no se disputaron, primero debido al estallido social y luego por la pandemia.
Entenderán ustedes que entregar la cabeza de Castrilli bien valía la pena para evitar el paro y con ello un colapso económico mayor -la filtración del famoso audio fue por tanto muy útil por forma y oportunidad para los intereses de los árbitros alzados-. Habrá que aclarar que objetivamente habían razones para criticar el trabajo y liderazgo del denominado “juez de hierro”, cuya figura ahora se alza como víctima. Sin embargo el oficial de cumplimiento expone un escándalo de mayores proporciones, como sería la existencia de una verdadera mafia dentro del arbitraje que operó, incluso aprovechándose de la falta de prolijidad periodística, para conseguir sus objetivos.
Si fuera la transparencia un valor supremo en la ANFP, correspondería ahora aplicar el mismo criterio utilizado con Castrilli, es decir, la suspensión de los jueces antes despedidos por el expresidente del comité, en tanto no se aclare fehacientemente su responsabilidad o no en el montaje. Pero en el fútbol chileno ya estamos acostumbrados a los intocables. Se suceden los tongos, desvergüenzas e inmoralidades, y nada pasa.
Es más, la propia oficina de cumplimiento ha tenido un par de actuaciones decepcionantes que hacen que muchos pongamos puntos suspensivos al informe evacuado después de tan solo dos semanas de investigación. Porque con su firma en una carta de tono amenazante, el abogado Miguel Ángel Valdés participó en el intento de amedrentamiento contra periodistas de La Red, que denunciaron en su momento arreglos de partidos en la Primera B, situación que hoy es investigada en la justicia. Y el mismo oficial de cumplimiento descartó en primera instancia toda responsabilidad del club Melipilla en el caso de los contratos con pagos en negro, situación que a la postre terminó en una dura sanción contra esa institución, ratificado en un fallo en el TAS.
La tercera es la vencida, dicen. Veremos. Pero para asegurarnos no queda otro camino que la intervención de la justicia ordinaria, una instancia alejada del fútbol, que dé un poco más de garantía de que no habrá justicia a la medida. El fútbol chileno no resiste más intocables. Porque si no fuera por el FBI, Jadue quizás seguiría siendo el presidente de la ANFP. Sus cómplices no recibieron ninguna sanción, e incluso varios siguen operando en la actividad como si nada hubiese pasado. Y así hemos seguido.
Fernando A. Tapia participa en Pauta de Juego, de Radio PAUTA, de lunes a viernes a partir de las 12:30 horas. Escúchelo por la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, y por la 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, y véalo por el streaming en PAUTA.cl.