“Para Santiago es penal”: la frase manipulada que agravó la crisis del arbitraje
En PAUTA repasamos la historia de versiones, descontextualizaciones y despidos que terminó con el mayor escándalo referil desde el “club del póker”.
El Sindicato de los árbitros en Chile nunca tuvo sintonía con Javier Castrilli, el exmandamás de los jueces. Lo acusaban de prácticas antisindicales, a pesar de que el mismo exréferi argentino negó aquellas acusaciones en entrevista con Pauta de Juego de Radio PAUTA. El despido de un total de 14 jueces, bajo el argumento de un recambio necesario para mejorar el nivel del arbitraje, no tendría justificación para los implicados.
Los jueces en cuestión son Patricio Blanca, Omar Oporto, Raúl Orellana, Julio Bascuñán, Piero Maza, Nicolás Gamboa, Cristian Garay, Alejandro Molina, Claudio Urrutia, Felipe Jerez, Héctor Jona, Franco Arrué, Constanza Salinas y Felipe Jara.
Ahí comenzó una guerrilla que los llevó el martes 5 de abril a declararse en estado de reflexión ante los acontecimientos. “La posición de la salida de Castrilli no es negociable. Este señor está haciendo todo mal“, dijo el mismo Jara, vocero del sindicato de árbitros del fútbol nacional, en entrevista con Pauta de Juego.
En el otro lado de la vereda, el presidente de la ANFP Pablo Milad, entregó su apoyo total a Castrilli, argumentando que el juez contaba con su respaldo en un cien por ciento. “Por algo lo trajimos. Lo que no gustó de él es que empezó a sacar el nepotismo, los amiguitos, árbitros que no rendían, que tenían mala actuación y seguían arbitrando, eso no les gustó a los árbitros, pero es como en todos los trabajos”.
Sin embargo, en medio de ese ambiente tenso, vino el quiebre definitivo.
“Para Santiago es penal”. La polémica supuesta frase en el VAR en el partido entre Huachipato y Copiapó por la promoción, una vez que el juez Francisco Gilabert pitó penal a favor del cuadro sureño, fue el comienzo de uno de los momentos más críticos en el arbitraje chileno en su historia.
En ese entonces, de acuerdo con la investigación de la revista Tribuna Andes y audios difundidos por Radio ADN, el juez del compromiso fue llamado a revisar la jugada entre Walter Mazzanti y Diego García por sus colegas, quienes en un comienzo señalaron que no había infracción y posteriormente sugieren revisar el forcejeo sobre la camiseta del jugador de Huachipato.
De acuerdo con la investigación, el Quality Manager, Mario Vargas, recibió presiones para cobrar penal (este negó haber recibido un llamado), y en los audios filtrados es el mismo Gilabert quien asegura que le comunicaron la existencia de una llamada “de Santiago, que había que cobrar penal”.
Desde ese momento, las versiones comienzan a contradecirse. Los presidentes de los clubes afectados comenzaron a manifestarse y fue uno de ellos, el timonel de Copiapó, Luis Galdames, quien en conversación con Pauta de Juego señaló que encontraban gravísimo lo ocurrido. “Somos el equipo más afectado y siempre lo dijimos. Esperar 45 días y encontrarnos hoy día, después de dos meses, con esta noticia de que hasta los penales estaban direccionados en contra de Copiapó”, aseguró.
Una decisión que no se hizo esperar mucho se confirmó el mismo 6 de abril en horas de la noche: Javier Castrilli y los miembros de la comisión arbitral no seguirían más en sus cargos. Tanto al ex “juez de hierro” trasandino como a Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas se les comunicó que serían suspendidos de sus funciones mientras estuviese en curso la investigación, pero estos, al no aceptar, fueron despedidos.
Castrilli negó los hechos y aseguró no tener ninguna participación ellos. Incluso ofreció su celular para confirmarlo. ¿A quién le convenía filtrar los audios? ¿Por qué en ese momento, tantos días después del polémico partido? ¿Por qué las imágenes del VAR eran tan distintas a lo que comunicaba Gilabert en el audio filtrado? Las sospechas de que había dos escenarios posibles comenzaron a crecer y se confirmaron, generando un vuelco total en la historia. Primero, la versión de que efectivamente existió la llamada y segundo, que todo fue un montaje para sacar a Castrilli.
La investigación realizada por el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, Miguel Ángel Valdés, concluyó que “no existe ni ha existido intervención o presión indebida, abuso de autoridad ni injerencia alguna por parte de terceros, respecto a la decisión adoptada por el árbitro sr. Gilabert en el cobro del penal en el minuto 69 […] Se descarta categóricamente indicios de cualquier tipo de arreglo, amaño o manipulación del partido en cuestión”.
En el partido, por lo tanto, no hubo intervención, de acuerdo con la ANFP. Castrilli salió por negarse a estar de baja durante una investigación que finalmente concluyó lo que él precisamente había sostenido. Y las sanciones para los involucrados aún no se conocen.