Destellos de luz

“No sé qué más deben esperar la autoridades del Gobierno y del Comité Olímpico de Chile (COCH) para acometer la necesaria intervención ante tanta evidencia”, dice Fernando A. Tapia.

Lo dijo el diputado Daniel Manoucheri, integrante de la comisión de deportes de la cámara baja: “El fútbol chileno vive la peor crisis política, futbolística y financiera de su historia. Declaraciones realizadas tras escuchar en el edificio del Congreso al expresidente de la comisión de arbitraje de la ANFP, Javier Castrilli, el mismo día en que se conoció el fallo del tribunal de disciplina por el caso montaje, acción que precisamente desencadenó la salida de su cargo del exjuez argentino, luego de ser envuelto en una supuesta acción de intervención en un cobro arbitral en el partido por la permanencia entre Huachipato y Copiapó.

La sentencia ratificó el informe interno de la oficina de cumplimiento, que hace un mes había llegado a la conclusión de la existencia de un complot para desacreditar a Castrilli y su equipo, en medio de una revuelta del sindicato de árbitros. El juez Felipe Jerez, quien reconoció haber filtrado un audio de whatsapp a la prensa, fue sancionado con 40 partidos de suspensión, mientras que el encargado del VAR en el polémico partido, Cristián Droguett, y el Quality Manager Mario Vargas, recibieron 30 partidos de castigo. Finalmente el árbitro Francisco Gilabert, quien al comienzo de la historia aparecía como el principal responsable en el supuesto intento de manipulación de un resultado, fue absuelto por la primera sala del tribunal del fútbol, que consideró que lo suyo fue apenas un comentario de una sensación que transmitió privadamente a un cercano, quien posteriormente traicionó su amistad entregando el famoso audio a la prensa.

La sentencia no debe ser un punto final, ya que hay más que sospechas de que en el montaje participaron no sólo los tres jueces sancionados, sino que se trató de una operación más amplia que pudo ser empujada también por algunos de los árbitros que días antes de que explotara el escándalo habían sido despedidos por Castrilli, y que posteriormente fueron reintegrados por el directorio de la ANFP con el objetivo de neutralizar la amenaza de paro y asegurar la continuidad de los torneos profesionales, en medio de un escenario económico casi catastrófico.

“Cuando desembarco me encuentro con una verdadera asociación, un grupo de personas que se enquistó en el poder arbitral y manejaba practicando la cultura del nepotismo y de las relaciones clientelares, a través de la subcultura del amiguismo”, les dijo Castrilli a los diputados de la comisión de deportes de la cámara.

De ser verídica esta sentencia del exjuez de hierro, la pelota vuelve estar ahora en la cancha de los dirigentes que tienen la obligación de intervenir al referato para despejar toda duda de la existencia de una verdadera mafia, que fue capaz, según el fallo de la justicia del fútbol, de montar una operación de desprestigio que pudo tener por objeto detener los procesos de cambios.

A fin de cuentas el escándalo ha servido para dejar al descubierto a la luz pública una parte de la basura que rodea al fútbol chileno, pero que va más allá del estado actual del arbitraje.

En la última semana pudimos volver a presenciar un consejo de presidentes de la ANFP, apenas el primero después de varios años de oscurantismo, pero que sirvió para darnos cuenta de la escasa altura de la casta directiva. Y también para ratificar la ruina económica en la que se encuentra la industria, pese a que en la última década ha recibido los ingresos más millonarios de la historia.

El destello de luz que nos permitió la propia ANFP, en un acto que seguramente tuvo el objetivo de mostrarse transparentes ante la crítica desatada, ayudó a comprobar que una actividad privada como el fútbol se sigue aferrando a los recursos que genera la Federación a través de sus selecciones, especialmente la adulta masculina, que desde 2007 a la fecha ha generado, sólo por conceptos de derechos televisivos, contratos que bordean los 300 millones de dólares.

¿Dónde ha quedado todo ese dinero?, ¿Todo eso se ha gastado en viajes, hoteles, comidas y premios para los jugadores?. La mentira de la independencia económica de la ANFP y la Federación quedó expuesta en la propia confesión del presidente Pablo Milad, quien declaró ante sus pares que la hipotética clasificación en el escritorio al mundial de Catar podría significar un salvavidas financiero para la asociación.

Más claro echarle agua. No sé qué más deben esperar la autoridades del Gobierno y del Comité Olímpico de Chile (COCH) para acometer la necesaria intervención ante tanta evidencia. No ha sido lo único, porque gracias al trabajo del académico de la Universidad de Valparaíso, Alejandro Torres Mussato, el Consejo para la Transparencia obligó a la Tesorería General de la República (TGR) entregar los detalles de los convenios de pago de sus deudas con el fisco de las concesionarias de Colo Colo y la Universidad de Chile (Blanco y Negro y Azul Azul, respectivamente).

Ambas empresas han intentado evitar que esta información se entregue públicamente y tras contratar poderosos estudios de abogados han recurrido a la corte de apelaciones para mantener esta información en reserva. ¿Qué se quiere ocultar? ¿La concesionarias de los dos equipos más populares del país han recibido un trato ventajoso en relación a todo el resto de los contribuyentes?. Ojalá que la justicia no apague este otro destello de luz.

Fernando A. Tapia participa en Pauta de Juego, de Radio PAUTA, de lunes a viernes a partir de las 12:30 horas. Escúchelo por la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, y por la 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, y véalo por el streaming en PAUTA.cl.