Columna de Fernando Tapia: “Violencia, 30 años de fracasos”
“Incluyendo el famoso plan Estadio Seguro, una instancia que pudo tener una buena inspiración, pero que se ha convertido en un organismo inservible y transformada en los hechos en una oficina de empleos para activistas y operadores políticos de los gobiernos de distintos colores”.
El próximo mes de agosto se cumplirán 30 años desde la promulgación de la Ley de violencia en los estadios. Un cuerpo legal impulsado por el gobierno del expresidente Eduardo Frei, luego de que el mandatario fuese testigo, en la tribuna preferencial del Estadio Nacional, de violentos incidentes en un clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. La idea era que a partir de entonces, estableciendo penas y sanciones para los vándalos, los recintos deportivos quedasen limpios de la lacra delictual, en ese momento con fuerte inspiración en las barras bravas del fútbol argentino.
Desde entonces la norma ha sido modificada en varias ocasiones, pasándose a llamar luego como Ley de derechos y deberes en los espectáculos deportivos. En 2011, durante el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera, fue creado además el plan Estadio Seguro, una instancia dependiente de la Subsecretaría del Interior, y que nació con el objetivo de coordinar, planificar y sugerir acciones para enfrentar los hechos de violencia en los recintos deportivos.
Han sido tres décadas de mucha discusión parlamentaria, de innumerables ideas, opiniones y debates, de cientos y hasta miles de millones de pesos invertidos por el estado, salidos de los bolsillos de todos los chilenos con nuestros impuestos, para llegar a la triste situación actual: poco y nada al limpio. Letra muerta. La incapacidad, la falta decisión o voluntad y también de valentía de dirigentes y autoridades, nos tiene casi en el punto de partida.
Hoy la discusión está centrada en la resolución del tribunal de disciplina de la ANFP, que tras los graves incidentes en la final de la Supercopa, el partido entre Colo Colo y Huachipato con el que se inauguró la temporada, resolvió castigar con el ingreso a cinco partidos a todos los hinchas que estaban en la galería norte del Nacional, espacio donde se concentraron los hechos de violencia. Hacer pagar a justos por pecadores es el mal menor, se concluye.
Porque pese a los 30 años transcurridos, y a los incontables actos de similares características ocurridos durante todos estos años, la institucionalidad del fútbol, y el estado, han sido incapaces de lo más mínimo: identificar a los verdaderos responsables de los delitos. Esto es lo más indignante, considerando la disposición tecnológica con la que hoy se cuenta.
Peor aún, nadie de los máximos encargados carga con una sanción. Es más, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, la misma que autorizó el partido pese a la opinión contraria de Carabineros, y que además permitió la instalación de lienzos a la barra de Colo Colo, origen de los incidentes, desapareció tras los hechos para hacer uso de sus vacaciones, surfeando convenientemente las críticas. Es momento de replantearse todo.
Incluyendo el famoso plan Estadio Seguro, una instancia que pudo tener una buena inspiración, pero que se ha convertido en un organismo inservible y transformada en los hechos en una oficina de empleos para activistas y operadores políticos de los gobiernos de distintos colores. La ANFP y los clubes, deberían ser obligados a invertir mucho más en seguridad, ya que hasta ahora han demostrado su inoperancia absoluta en la materia. No son aceptables otros 30 años de fracasos.