Las medidas procontribuyente de Hacienda

Avenimientos, defensoría del contribuyente y la reforma a la norma antielusión son la batería más robusta en la nueva mirada a quienes tributan.

Hay una serie de medidas presentadas por Hacienda en el proyecto de modernización tributaria relacionadas con facilidades para los contribuyentes, ya sea respecto de los juicios tributarios que los afectan como en la cercanía con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Preludio a un eventual juicio

Como una forma de evitar juicios ante los tribunales tributarios, cuando las circunstancias así lo ameriten, se propone el establecimiento de avenimientos más efectivos ante la autoridad administrativa (el SII). “Se abre la oportunidad a los contribuyentes por un plazo de dos años a contar de la vigencia de la ley para celebrar un avenimiento con el SII en todos los juicios que se encuentran pendientes, con una condonación de 100% de los intereses y multas. En ningún caso se condonará impuestos ni reajustes a los mismos”, dice el anuncio.

Aunque faltan los detalles que deberían estar descritos en el proyecto de ley, esta iniciativa ha sido bienvenida por el sector privado. En la práctica, supone una agilización de los procedimientos que están a la cola en los tribunales tributarios y aduaneros. De hecho, a inicios de año se daba cuenta de la preocupación que existía entre los abogados tributaristas por la congestión de causas en esa instancia. En 2017 hubo 3.626 causas pendientes, 64% más que en 2016.

“Ha sido muy difícil que nuestro sistema judicial se haga cargo de resolver estos juicios y llegar a término”, comentó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Planteó que esta medida está enfocada sobre todo en los contribuyentes que tienen causas pendientes desde hace “cinco, 10 años”, y que por lo tanto el Fisco ve reducidas las posibilidades de recuperación de los recursos involucrados en esas controversias.

La defensa de los contribuyentes

Con la creación de la Defensoría del Contribuyente, el Gobierno busca establecer una intermediación entre los fiscalizadores del SII y los ciudadanos. En forma explícita, el objetivo de la será “velar por el respeto y observancia de los derechos del contribuyente en su relación con el SII”, planteó Hacienda.

En ese contexto, el ministerio incorpora artículos en el proyecto que apuntan a “mejoras” y que “modernizan normas del Código Tributario, Ley de Renta, y otras, tendientes a otorgar certeza jurídica en materia tributaria, predictibilidad de la ley, y aplicación irrestricta del principio de legalidad por contribuyentes y autoridades”.

Hasta que no se conozca el texto de la ley, no hay claridad sobre los detalles. En todo caso, incluye como principio que, transcurrido el plazo para una respuesta del SII y sin que exista un pronunciamiento de la autoridad tributaria, el resultado será favorable al contribuyente. Esta práctca se denomina  “silencio positivo” y busca evitar que el contribuyente sea afectado por el retraso o incumplimiento de plazos en las gestiones que ha solicitado.

La antielusión reformada

En el texto presentado ante la prensa, Hacienda dice que “se mantiene y profundiza la normativa anti-elusión a fin de hacer plenamente aplicable el principio de legalidad para el contribuyente y para el SII”. No hay más detalles.

La norma antielusión comenzó a regir en 2015, pero en la práctica no ha provocado procedimientos fiscalizadores por parte del SII y, en cualquier caso, el contribuyente puede recurrir a los tribunales tributarios si no está de acuerdo con una eventual sanción. 

La abogada tributarista Macarena Navarrete, socia de EY y panelista de Primera Pauta, de PAUTA100.5, dijo durante la mañana del miércoles que en el mundo está aceptado contar con normas de este tipo. El punto, comentó, está en que la norma sea clara y general, pues cuando es confusa puede efectivamente desincentivar los comportamientos inadecuados, pero también puede afectar a quienes en forma legítima deseen hacer negocios. 

“La norma tiene que ser dura, clara, contra las cosas que no se pueden hacer, y tiene que ser suficientemente clara para que la gente tenga tranquilidad”, afirmó. “La gente debería tener la seguridad de que si está llevando a cabo un negocio sin intención de burlar impuestos está segura […]. La gente debería tener la certeza también de que si no está llevando a cabo un negocio licito y simplemente está inventando una serie de pasos sin ningún propósito económico, eso es un problema y va a hacer fiscalizado, va a hacer perseguido y va a tener una consecuencia negativa”.

El problema hoy, argumentó, es que hay más bien confusión con la actual norma. “La gente que no es especialista y que quiere llevar a cabo un negocio licito, tienen aprensiones sobre qué va a ocurrir y cómo puede hacerlo para no meterse en problemas”, planteó como primer escollo. Y el segundo inconveniente apunta al contribuyentes más “osado”. Eso, porque “sabe que la norma es suficientemente confusa como para que sea muy difícil que logren imputarle definitivamente algo exitosamente y entonces, ocurre el efecto completamente inverso al que queremos, inmovilizamos a los actores económicos”.