La propuesta de incentivos tributarios a las donaciones recibe aplausos

El proyecto de modernización tributaria incentiva a las empresas a donar productos que beneficien a los más vulnerables y, al reducir el desperdicio, también al medio ambiente.

Uno de los ámbitos del proyecto de modernización tributaria que genera mayor acuerdo transversal es el que busca incentivar que las empresas donen productos de primera necesidad (y ahora, otros que por diversas razones no comercializan) a organizaciones sociales, para que lleguen a las personas más vulnerables que los necesitan. 

Entre quienes han estado impulsando estos cambios hay una positiva valoración de los avances, que buscan plasmar a nivel legal medidas que ya están operativas mediante circulares del Servicio de Impuestos Internos (SII) e ir un poco más allá. No obstante, se entiende que estos cambios no son más que un aperitivo, ya que el verdadero plato fuerte vendrá en 2019 con la propuesta de un sistema unificado para las donaciones, una demanda de largo tiempo de las organizaciones de la sociedad civil.

Donar, no destruir

En 2009, el SII oficializó un incentivo tributario clave para las donaciones: dictó la circular 54, que permitió deducir como gasto necesario para producir la renta el valor de alimentos que fueran donados a entidades sin fines de lucro para su entrega a personas de escasos recursos. En julio pasado, el SII amplió esta normativa para incluir pañales que no se comercializaban por tener fallas en su embalaje o transporte, y a comienzos de agosto extendió este tratamiento tributario a los productos de higiene personal: pasta de dientes, champú, jabón, entre otro.

Al determinar que el valor de los productos de este tipo donados a organizaciones de ayuda humanitaria puede imputarse como gasto necesario para producir la renta, el SII permite que las empresas que entregan gratis estos productos pueden rebajar ese valor del monto total respecto del cual tributan.

En el proyecto de modernización tributaria no solo se incluyó lo ya reconocido en las circulares del SII, sino que fue dos pasos más allá. Primer paso: incluyó la donación de bienes en general, como libros, ropa, útiles escolares y otros que generan impacto social, con las medidas de trazabilidad necesarias para resguardar el interés fiscal. Segundo paso: castigo a la destrucción.

Como informó el senador Rodrigo Galilea (RN), en el Senado se adoptó un acuerdo que fue aprobado en forma transversal y fue entregado al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en una de las reuniones prelegislativas sobre la reforma. En esa cita también participaron los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), José Miguel Insulza (PS), Ximena Rincón (DC), Felipe Harboe (PPD) y Manuel José Ossandon (RN).

“Le pedimos al ministro no sólo incentivar las donaciones para que las empresas entre donar y destruir, ojalá decidan donar. Pero si eventualmente eligen destruir alimentos o artículos de primera necesidad, queremos que esa empresa tenga que explicar las razones ante el SII y si no se justifica la destrucción de los productos, su valor sea considerado gasto rechazado. Es decir, un fuerte desincentivo a destruir productos que son muy necesarios para ayuda social”, comentó el senador Galilea.

El proyecto de ley detalla que las empresas “no podrán deducir como gasto el costo de los bienes destruidos si no se acogen a la normativa de entrega gratuita de bienes”.

Aunque afirmó que sin duda se trata de un gran avance, la gerente del área Tax, Legal y Responsabilidad Social de PwC, Sharoni Rosenberg, lamentó que se restrinja a donaciones, en especie, de bienes del giro. “Si el Estado quiere realmente impulsar una política de responsabilidad social en las empresas con miras a una sustentabilidad real, debiera autorizar los gastos en estas áreas y no rechazarlos como sucede hoy, ya que no generan una renta”, señaló.

Beneficio social y ambiental

Entre quienes aplaudieron las medidas propuestas está Red de Alimentos. Es una organización sin fines de lucro que desde hace ocho años coordina donaciones de 90 empresas hacia 223 organizaciones sociales, con el fin de rescatar productos aptos para el uso y consumo humano y distribuirlos entre quienes más los necesitan. Persiguen evitar, así, su desperdicio.

La gerenta de la entidad, Maria Eugenia Torres, explica que tienen dos centros de distribución (Santiago y Biobío) y ahora, con el apoyo de Walmart como socio estratégico y con financiamiento de Google, están desarrollando una plataforma tecnológica para conectar virtualmente la oferta y demanda, simplificar el proceso, reducir gastos y tiempos de traslado.

“Todos los días se retiran productos desde los supermercados, por ejemplo, porque está cerca su fecha de vencimiento o porque su empaque se decoloró. Nosotros como banco de alimentos somos un puente que asegura a la empresa que lo que dona llega a las personas vulnerables y a las personas que el producto puede usarse y consumirse sin riesgo alguno”, precisa.

La ejecutiva valora los ajustes que hace el proyecto de ley tributario, que califica como un importante giro. “Hoy para la empresa que tiene alimentos, pañales, artículos de aseo u otros es indiferente destruirlos o donarlos. Si no se donan, todos estos productos que están aptos para que las personas los consuman o empleen se van al vertedero, lo que es un desperdicio que además genera contaminación. El proyecto ahora desincentiva ese desperdicio y se la juega derechamente por apoyar la donación, lo que genera beneficios sociales y ambientales”, afirmó.

#MuchasGracias 😊 a #Watt’s, hoy de la mano de ReddeAlimentos, pudimos recibir nutritivos alimentos que ya fueron entregados a los vecinos de #SanPedrodelaPaz. Somos el puente para llegar con alimentos a familias, que hoy dormirán con la guatita llena y el #corazóncontento 👍❤️ pic.twitter.com/Rg4E8F3ZzW

— Banco de Alimentos BioBío Solidario (@BiobioSolidario) 16 de junio de 2018

Maria Eugenia Torres también valora que el incentivo tributario se extienda a otros artículos que no aparecen como de primera necesidad. “Las organizaciones con las que trabajamos ayudan a las personas y ellas necesitan ropa, sillas mesa, camas, productos de construcción. Muchas veces vemos, por ejemplo, sanitarios que no se van a comercializar porque tienen una mancha en el pedestal, cerámicas que están descontinuadas, sillas que no se venderán porque quedan solo cuatro de un mismo tapizado, cosas así. Esto abre una puerta para que esos productos lleguen a quienes más los necesitan y que de verdad Chile tenga una política de cero residuos y cero desperdicios”.

Precisamente, en el proyecto de ley se señala expresamente que al poner trabar a la destrucción de productos se busca no sólo a incentivar la donación, sino también a la necesidad que la ley marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley N° 20920) “empiece a generar sus efectos”.

Sociedades y personas naturales

La modernización tributaria tiene otras medidas que incentivan la donación, entre ellas la posibilidad de donar en situación de pérdida tributaria, con ciertos límites, deduciendo los montos donados como gasto. La experta de PwC comentó que esto permitirá que más donen. “Cuando parten, las empresas tienen una inversión muy intensa en capital; es decir, tienen utilidades financieras, pero no tributarias. Ahora éstas últimas también podrán donar y que solo puedan usar el gasto tiene toda lógica, ya que si tienen pérdida no pagan impuestos y por ende no podrían utilizar el crédito”, explicó.

El proyecto también reconoce la posibilidad que las personas naturales de efectuar donaciones exentas de impuesto a las donaciones respecto de fondos ya tributados, con un límite anual máximo de 500 UTM. Esta medida, sin embargo, genera algunas dudas entre los expertos

A juicio de Sharoni Rosenberg, esto “no cambia lo que existe actualmente, ya que si la donación es con fines benéficos uno de los cuerpos legales ya lo eximía de estas cargas. Muy distinto sería si se autoriza el gasto o se otorga crédito, ya que como ha quedado demostrado el caso de leyes anteriores para fines culturales y sociales, el monto y personas donantes aumentó considerablemente con esas medidas”.

El socio de Consultoría Tributaria de EY Chile Pablo Greiber estimó que si bien esta es una medida “que busca paliar –en parte- la situación de doble tributación económica de las donaciones, y en ese sentido está bien orientada, puede generar un problema de prueba y trazabilidad”.

Explicó que como las personas naturales no llevan contabilidad, “pueden tener dificultades en demostrar que los $1.000 que están donando provienen de un dividendo ya tributado que recibió, y no en cambio de los dineros que recibió de un préstamo”. Esto, dijo, porque el proyecto no establece un orden de imputación específico; por ejemplo, considerar en primer lugar las sumas ya tributadas percibidas por el donante, independientemente de la fecha de dicha percepción. Agregó que, con todo, podría interpretarse que queda a elección del donante.

Otra medida del proyecto otorga la posibilidad de donar a sociedades que no tienen renta líquida imponible, pero sí capital propio o capital efectivo, reconociendo el gasto bajo ciertos límites. La especialista de PwC considera positiva esta medida, ya que la normativa actual deja fuera a las sociedades de inversión, que sólo reciben utilidades de sus filiales pero no tienen renta líquida imponible propia. “Hoy los recursos de los donantes de alto patrimonio están concentrados en sociedades de inversión (como family office y fundaciones familiares), lo que abre un espacio muy interesante”, comentó.

El socio de EY Chile coincidó en que se trata de una “buena noticia, ya que resultaba discriminatorio que ciertas empresas no pudieran donar (si sufrir consecuencias tributarias) sólo en función de su forma de operar o del régimen al que se encontraban adscritas”. Añadió que, además, es una medida consistente “con el principio de equidad horizontal e igualdad jurídica que impulsa el proyecto”.

En cuanto a los temas pendientes que el proyecto no toca en materia de donaciones, Sharoni Rosenberg planteó que esperan que la futura Ley Única de Donaciones salde esas deudas, simplificando el sistema, mejorando las normas de transparencia y rendición de cuentas, asegurando una mejor fiscalización de recursos públicos e incluso incluyendo la posibilidad de donaciones para el medio ambiente. “Hoy no hay ningún incentivo para donar paneles solares o centros de reciclaje de residuos a escuelas, por ejemplo”, concluyó.