Una agencia para impulsar el gobierno digital

La meta es llegar a una burocracia estatal “cero papel” en 2023, pero quienes trabajan en modernización temen al “valle de la muerte” que ocurre con los cambios de gobierno. Crear una entidad pública reduciría riesgos, pero no está en los planes del Gobierno.

A diferencia de sus antecesores, este segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera partió desde el inicio con el pie en el acelerador en la necesidad de avanzar en la transformación digital del Estado. Se designó al asesor presidencial Rafael Ariztía como el “zar digital” y se ha ido impulsando una agenda con hitos que incluyen un proyecto de ley enviado en julio al Congreso y, más recientemente, un instructivo que busca concretar ya algunas de las innovaciones que incluye la iniciativa legal.

Todo ello en la idea de reducir burocracia, eliminar el papeleo (política “cero papel”), reducir los trámites y obtener ganancias en tiempo y en recursos para las personas y las empresas. Para el Estado, se estiman ahorros por US$ 1.440 millones anuales. El objetivo es ambicioso: que al 2023 el 100% de los trámites en el sector público se puedan hacer digitalmente.

En materia de modernización, las metas que van más allá del mandato de un gobierno requieren dinámicas especiales para su cumplimiento, de modo de evitar que los esfuerzos decaigan o, peor aún, se diluyan. No ocurre lo mismo con las obras públicas: el corte de cinta de una estructura concreta es un gran aliciente. Este periodo de cambio de gobierno es especialmente sensible para las iniciativas de modernización: si sobreviven este “valle de la muerte”, lo más probable es que sigan creciendo.

“Este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo, superior al de otros periodos, en materia de liderazgo, inversiones y cambio normativo. El desafío es que este empuje debe sostenerse, porque se trata de proyectos de mediano plazo; nada se puede hacer en uno o dos años”, afirma el investigador asociado del Centro de Sistemas Públicos (CSP) de la Universidad de Chile, José Inostroza, quien también dirigió el Programa de Modernización Hacienda-BID. Agrega que Gran Bretaña tiene un equipo de 800 personas y demoraron cuatro años en planificar las tareas que realizarían, mientras en Chile “cambia el gobierno, cambia todo el equipo y se parte de cero: se pierden avances valiosos, recursos y también tiempo”.

¿Cómo evitar que esto siga repitiéndose?  La respuesta de los expertos: crear una agencia pública que asuma la tarea, una idea que no está en los planes del Gobierno.

Por qué una agencia

“Tener un zar de la digitalización me parece muy bien, porque existen muchas coordinaciones y economías de escala que se pueden lograr. Por ejemplo, definir que el Estado quiere (o no quiere) migrar a la nube en vez de data centers y, a continuación, negociar una compra global, a un precio muy inferior que se obtendría negociando de manera independiente cada una de las más de 800 reparticiones que se rigen por la Ley de Compras Públicas”, explica el director del MBA y del Magíster en Innovación de la Universidad Católica, Marcos Singer.

Agrega que “el único resguardo es que no se vaya a producir una burocratización: que todo haya que consultarlo al zar, y que este no tenga una rapidez de respuesta. Como siempre, debe encontrarse el justo balance entre centralización y autonomía”.

La magnitud del diseño y las decisiones en materia de transformación digital, su carácter interministerial y la necesidad de mantener esfuerzos sistemáticos independientes del ciclo político aconsejan, según quienes conocen el tema, dejar atrás el modelo del “zar”.  

El consultor en políticas tecnológicas y exsecretario ejecutivo de la Estrategia Digital de Chile 2007-2012, Alejandro Barros, tiene una visión “bastante crítica” del actual enfoque en transformación digital. “Hay buenas intenciones y una mirada de largo plazo, pero echo de menos la arquitectura institucional, porque no hay un modelo robusto que permita que crucemos el valle de la muerte del cambio de administración, algo que es aún más clave en gobierno tan cortos”, afirma.

Coincide José Inostroza: “Hay que avanzar hacia una agencia profesional, tecnocrática, especializada en materia de servicios digitales del Estado, con un director profesional de alto nivel trabajando con un horizonte de mediano y largo plazo; y además con recursos y los mejores profesionales”.

No es primera vez que la idea de una agencia para el gobierno digital se pone sobre la mesa. En 2016 y a petición del Gobierno, Alejandro Barros y otros consultores dieron forma a una propuesta integral sobre gobernanza digital. El informe señala todas las ventajas y ahorros que genera el modelo propuesto, entre ellos un alza de 0,7% en el PIB con la ejecución de los proyectos de gobierno digital, aumento de 25% en la productividad de las microempresas y ahorros cercanos a US$ 1.000 millones en liberación de horas laborables y menos costos de transacción para las personas.

Si eso no fuera suficiente, el informe señala que considerando las inversiones necesarias para su puesta en marcha, los gastos en régimen y los ingresos potenciales, esta agencia “no requeriría un aporte fiscal para su funcionamiento desde el año cuatro y recuperaría la inversión en el año cinco, siendo aportante neto al fisco en el año octavo”. Todos los años medidos desde su puesta en marcha.

La integración del futuro

Incluso sin una nueva agencia, en modernización digital se requiere caminar y mascar chicle al mismo tiempo. O sea, hay que seguir desarrollando políticas, pero no es posible quedarse solo en el diseño: hay que implementar los cambios.

Si bien hoy hay algunos servicios públicos con grandes avances en digitalización, el desafío que viene, según José Inostroza, es tener un sistema centralizado para que el ciudadano no tenga que pedir información al Estado que el Estado ya tiene. “Tener servicios digitales integrados requiere una estructura muy robusta, porque se trata de un sistema que tendrá muchos datos sensibles de las personas: eso implica estándares de seguridad muy elevados. Tampoco puede caerse. Se trata de estándares que hoy ni siquiera tienen las empresas privadas o los bancos. Todo esto requiere diseño y recursos”, explica.

Añade que hay muchas decisiones que debe adoptar el Estado en esta materia. “Por ejemplo, para que las personas puedan entregar datos sensibles para que fluyan dentro del Estado es importante la identificación digital. La ClaveUnica del Registro Civil es un identificador muy simple para trámites sencillos, pero para firmar una escritura o acceder a datos médicos se requerirá más seguridad. ¿Puede ser la biometría? Ese es el tipo de decisiones, con sus riesgos y sus costos, que hay que tomar”, afirma.

Alejandro Barros agrega que hay que definir cuál debe ser el modelo y los elementos que van a soportar la transformación digital. Esto incluye la interoperabilidad; es decir, el intercambio de datos de los proveedores estatales más importantes (como SII, Registro Civil, Salud), y tener un conjunto de estándares mínimos que deben cumplir los servicios públicos.

Otro elemento es que el Estado desarrolle una plataforma para distintas agencias se vayan sumando al mundo digital, “lo que permite que las entidades públicas que están más atrasadas no tengan que partir de cero”, añade. Y por último, se requiere revisar aquellas situaciones de proveedores que prestan servicios que el Estado requiere, como los notarios y conservadores.

Añade que la transformación implica definir cuál es el nivel razonable de gasto público en servicios tecnológicos e informáticos, que hoy está en torno a US$ 700 millones, una fracción muy menor de total del Presupuesto que supera los US$ 66 mil millones. También es crítico del presupuesto con que cuenta el proyecto de ley de transformación digital que envió el Gobierno, que llega a US$ 4,6 millones. “Salvando las diferencias, en Australia para montar su agencia de transformación digital y operar primer año se invirtieron US$ 120 millones”, afirma.

Alejandro Barros también plantea una alerta: que entre el diseño y la ejecución el foco debe estar siempre en lo que necesitan las personas, “porque el peor error es que terminemos digitalizando la burocracia en vez de eliminarla”. A su juicio, la burocratización ocurre cuando los organismos públicos no cambian su forma de operar y, por ejemplo, transforman el certificado de nacimiento en uno digital, cuando deberían eliminarlo. “Lo importante para la persona que está haciendo un trámite es que no se necesite aportar ese documento porque se trata de información que el Estado ya tiene”, indica.