Los nudos de las tres reformas económicas que impulsa el Gobierno

Este año será decisivo para los cambios en materia tributaria, previsional y laboral. Y su avance no es clave solo desde la dimensión reactivadora y de expectativas, sino también desde la conducción política.

El inicio del año legislativo abre nuevas oportunidades para el avance de las reformas emblemáticas del Gobierno en temas económicos. Aunque se esperan anuncios en marzo para los cambios pendientes en materias laboral, tributaria y previsional, el tiempo para definiciones legislativas está llegando.

No se trata solo de lograr avances que contribuyan a las expectativas económicas e incluso, como señaló la agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings, a empujar o retrasar la recuperación de la nota soberana. Son reformas centrales también por su dimensión política.

Y varias de estas reformas emblemáticas tienen nudos que no son fáciles de desatar, porque desde su diseño hasta algunos temas de fondo ponen enfrentadas las posiciones del oficialismo y la oposición. Y aunque es cierto que el gobierno no tiene mayoría y que puede enfrentar una oposición obstructiva, el peso de construir acuerdos para viabilizar los proyectos recae siempre en el Ejecutivo.

Modernización tributaria

El proyecto que moderniza la legislación tributaria ha sido definido como prioritario por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Él aspira a lograr en marzo su aprobación en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que la iniciativa sea despachada del Congreso a mediados de año. Es una meta ambiciosa, ya que las visiones del Ejecutivo y de la oposición están aún lejanas, tanto que entre estos parlamentarios no se descarta rechazar la idea de legislar.

El debate se ha centrado en el “corazón” del proyecto: el regreso a un sistema plenamente integrado, que permite que los dueños y socios de las empresas puedan descontar el 100% del impuesto que pagó la empresa al pagar sus impuestos personales. La reintegración significa que el Fisco dejará de recibir US$ 833 millones en régimen, según el informe financiero del proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda. En la oposición dudan de los cálculos oficiales que señalan que ese costo está plenamente compensado con la mayor recaudación esperada por la masificación de la boleta electrónica.

Ante la falta de avance, en enero el Gobierno inició una ronda de diálogo con asesores técnicos de la oposición, para alcanzar un acuerdo técnico amplio en torno a principios que deberían guiar la reforma. Tras un receso en febrero, el grupo se reunió nuevamente la última semana del mes y en el Ejecutivo aspiran a que los avances se reflejen en la sesión que la Comisión de Hacienda tiene programada para el 6 de marzo.

La oposición aspira a que los cambios sean fiscalmente neutros y que beneficien a toda la población, en el entendido que la integración sólo apunta a los grupos más acomodados. Esto ha puesto en debate la posibilidad de elevar el impuesto a las personas de mayores ingresos, idea respaldada por la DC y el PPD -e incluso por algunos líderes empresariales-, pero que no es del agrado del Ejecutivo.

En un proyecto de casi 300 páginas y que considera ajustes en diversos temas, hay amplio espacio para las diferencias. Las pymes se han transformado en un campo de batalla, donde se han sucedido rechazos y apoyos a la propuesta del Gobierno.

Otros temas complejos son el nuevo tributo de 10% para las plataformas digitales (que los gremios buscan elevar al mismo nivel del IVA; esto es, 19%); la creación de un Defensor del Contribuyente, los cambios a la Norma General Antielusión y una serie de definiciones y procedimientos del Servicio de Impuestos Internos (como la determinación de los gastos rechazados para producir renta) que se incluyen en la ley.

Reforma previsional

El domingo 28 de octubre, en cadena nacional, el Presidente anunció su segunda reforma estructural, que apunta a mejorar las pensiones con un nuevo aporte de cargo empresarial de 4%, fortaleciendo el pilar solidario que apoya a los grupos más vulnerables y creando un nuevo pilar dirigido a la llamada “clase media”. El proyecto considera también abrir la administración del 4% adicional a entes que no sean AFP, junto con un conjunto de nuevas regulaciones para la industria.

Aunque en términos globales la reforma fue bien recibida e incluso recogió una serie de propuestas planteadas en el proyecto del gobierno anterior, tempranamente se instalaron dudas sobre algunos aspectos centrales de su diseño.

Uno de ellos es su financiamiento. El costo total de la reforma alcanza los US$ 3.348 millones anuales en régimen, previsto para el año 2030, lo que elevaría el gasto público en pensiones desde el 0,8% al 1,12% del PIB. Ya que los gastos exigidos van creciendo en el tiempo, el mayor peso recaerá en los futuros gobiernos.

Pero lo que ha generado mayor crítica es que no existe una fuente de financiamiento distinta a las holguras fiscales que se deberían ir generando, que por cierto serán crecientes en el tiempo. El exministro de Hacienda Rodrigo Valdés advirtió que se trata de una decisión que tiene riesgos, más aún considerando que se abre la puerta a las presiones de un nuevo contingente: la clase media.

Otro tema que genera discrepancias es la gestión del aporte adicional de 4%. La administración anterior planteó un administrador público y que una parte de la cotización se destinara a transferencias solidarias entre los cotizantes y hacia quienes ya jubilaron. El proyecto Piñera propone una competencia abierta entre AFP y nuevas gestoras (entidades de giro único que formen las cajas de compensación, administradoras generales de fondos, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito) y que el total de esos ahorros sea propiedad del trabajador.

Algunos economistas han alertado que este escenario de competencia genera riesgos de malas prácticas que pueden terminar afectando a las personas, especialmente en relación a planes grupales donde las características personales no sean cauteladas. Además, debido a las críticas que pesan sobre las AFP, se ve difícil que se apruebe la propuesta que les entrega ese ahorro por defecto si el trabajador no toma activamente una decisión en esta materia. 

Un punto final se relaciona con la expectativas de las personas y lo que ellas entienden por “mejores pensiones”, ya que hay estudios que proyectan que incluso poniendo en juego todos los componentes de la reforma no se logra alcanzar una pensión que se acerque significativamente al monto de los últimos salarios recibidos por los chilenos.

Paquete de cambios laborales

Después de sucesivos anuncios, la reforma laboral parece al fin estar pronta a ser conocida. Marzo sería la fecha final en que los proyectos de ley se anuncien oficialmente y la mayoría de ellos ingrese al Congreso.

Serían al menos cuatro iniciativas separadas: ajustes a la reforma laboral del gobierno anterior en materia de derechos colectivos; modernización de la Dirección del Trabajo; reforma al sistema de capacitación y un conjunto de ajustes en materia de derechos individuales, como jornada y trabajo en plataformas en internet. Tras el rechazo generado en la oposición y la CUT, el gobierno puso en pausa la quinta iniciativa legal, referida al nuevo régimen de indemnización a todo evento.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, precisó que esa idea no se incluirá entre los proyectos que se enviarán a trámite en marzo, pero dijo que el Gobierno va a seguir evaluándola para explorar si es posible proponer un proyecto más adelante. La autoridad ha defendido con fuerza la propuesta e incluso ha criticado a quienes ya han anunciado que se restarán a discutirla.

El anticipado debate sobre esta indemnización alternativa ha desplazado, al menos momentáneamente, los temas que naturalmente parecen ser llamados a liderar la polémica: aquellos que constituyen la “reforma a la reforma”, referidos a sindicalización, negociación colectiva y huelga.

Ya que volver al reemplazo durante la huelga no parece viable políticamente, las opciones son mejorar la regulación de los servicios mínimos y revisar el llamado “reemplazo interno”, que permite al empleador reasignar funciones de aquellos trabajadores que no se pliegan a la huelga. También se busca reordenar temas como el plazo de la huelga, el descuelgue y la extensión de beneficios.

Pero sin duda uno de los puntos más álgidos estará en los grupos negociadores. Una cosa es que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral del gobierno anterior, que pretendía eliminarlos, dejó en claro que eso no es posible; pero otra distinta es que en la oposición se allanen a que éstos existan en empresas donde hay sindicatos. Todo anticipa que la negociación política en este punto será especialmente complicada.