Economistas de oposición valoran que privados gestionen el ahorro adicional

Andrea Repetto y Guillermo Larraín coinciden en que es preferible licitar la administración de las inversiones del 4% a que el nuevo Consejo Público Autónomo la gestione directamente.

En la oposición valoraron la propuesta de un Consejo Público Autónomo (CPA) que se encargue del ahorro previsional adicional. Y aunque algunos sectores aspiran a que la entidad no licite la inversión de esos recursos, como propone el Gobierno, sino que los gestione directamente, la idea no concita respaldo entre técnicos vinculados a la oposición.

La economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Andrea Repetto, estima que la creación de un ente “que centralizadamente licite el manejo de los fondos a instituciones privadas está en línea con la experiencia internacional, incluido Chile, de que dejar que las personas elijan libremente eleva los costos del sistema”.

Explica que cuando se trata del ahorro previsional obligatorio de largo plazo, las personas “actúan con mucha inercia y por lo general no realizan elecciones activas por su cuenta. Son los vendedores los que movilizan el mercado, elevando los costos de proveer un servicio que las personas están obligadas a escoger”.

Así, estima que la propuesta del Ejecutivo para la gestión del 4% adicional “hace innecesaria la venta de atención individual y puede conseguir precios bajos al empaquetar los ahorros de múltiples afiliados”. Precisa que esto es lo que ya se hace en Chile en el manejo de fondos de los ahorros individuales para la cesantía y en la licitación de afiliados nuevos al sistema de AFP.

La economista precisa que con una buena gobernanza, permitiendo que el CPA defina las bases de licitación, este modelo puede dar buenos resultados. “Es innecesario y riesgoso, por lo demás, ir más allá como pide la DC al gobierno. Una licitación bien diseñada para que instituciones establecidas y expertas manejen los fondos de forma más barata parece una mejor opción a que los fondos los maneje directamente una entidad pública”, afirma.

Por su parte, el economista y exregulador de AFP y de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, cree que es riesgoso, como sugieren algunos sectores de la oposición, que el Estado gestione directamente las inversiones de este el ahorro previsional adicional. “No es deseable porque los conflictos de interés del Estado son muy difíciles de manejar y las presiones políticas tampoco se podrían enfrentar adecuadamente”, sostiene, señalando que es más “sano” que el Estado licite la inversión y supervise que los privados cumplan con los estándares que se les fijen.

También estima conveniente que sean las AFP las que recauden el 4% adicional, lo que a su juicio simplifica el sistema, ya que no tendría sentido “tener dos entidades en la labor de cobro”, además de generar ventajas operaciones y de costos.

Dudas sobre institucionalidad

No obstante, el también presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera (CREM) de la Universidad de Chile es crítico de la estructura que ha propuesto el Gobierno para el ente público que se encargará del ahorro adicional para pensiones.

“Los consejos, por más autónomos que sean, tienen que tener una misión clara, pero la que se propone es demasiado amplia y ambigua. Es una especie de compañía de seguros, una especie de administradora de fondos… está pensado como un ente licitador de carteras de ahorro, que no es el problema que hay que resolver hoy. Cuando los objetivos son poco precisos, los resultados son dudosos y cuando surjan conflictos puede ser problemático. Los organismos públicos funcionan mejor cuando tienen objetivos claros”, comenta.

Advierte que el CPA tendrá supervisión sobre un monto muy grande de recursos, que podría llegar al 30% del PIB en 40 años, pero estima que es “débil” la institucionalidad que se propone. “Las personas que se proponen como consejeros son las que tienen que estar, pero se detalla que tendrán reuniones trimestrales y en materia de remuneraciones se hace ver que la dedicación será bastante parcial. Todo esto no se condice con la importancia de la entidad”, explica. Y añade que de acuerdo al conjunto de inhabilidades para los consejeros, que buscan evitar conflictos de interés asociados a la gestión de recursos, “no es claro quiénes serán las personas que podrán efectivamente participar en una entidad de este tipo”.

Larraín concluye señalando que esta estructura es “demasiado liviana, tal vez porque se busca que no sea demasiado cara, pero no responde a la importancia de la tarea que se asigna”.